Trump choca con los republicanos de Florida por el TPS de los venezolanos

La política migratoria de Donald Trump abrió una grieta entre el presidente y los republicanos de Florida. La disputa gira en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, un beneficio que la administración busca cancelar y que la Corte Suprema tiene en sus manos definir. Los congresistas María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart encabezan el reclamo por quienes huyeron de la persecución en su país.

Según un análisis de Pew Research Center basado en datos federales, las medidas de la Casa Blanca afectaron a más de 615.000 venezolanos con TPS en Estados Unidos, contando las dos designaciones del programa.

El conflicto no estalló como una ruptura frontal con la Casa Blanca, sino como un intento de conciliar la agenda de seguridad del presidente con la defensa de los propios electores. El 21 de mayo de 2025, tras un fallo de la Corte Suprema sobre el TPS venezolano, Salazar y Díaz-Balart se pronunciaron en conjunto: plantearon que las personas con alegaciones legítimas de persecución merecían una revisión caso por caso y pidieron reunirse con la administración para discutir soluciones más permanentes.

En el medio ocurrió la captura de Nicolás Maduro y las políticas hacia los venezolanos se modificaron. Un fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos resolvió el 4 de septiembre que, a pesar del cambio de liderazgo en Venezuela, "todavía existe riesgo de persecución".

El 17 de septiembre de 2026, Salazar cambió el tono. En un anuncio dirigido a Trump advirtió que "los mismos hispanos" que contribuyeron a su victoria de 2024 hoy "se sienten traicionados". No pidió una amnistía general y apeló al presidente para que modificara el rumbo de la política migratoria.

Díaz-Balart declaró después que llevaba meses enviando ese mensaje al gobierno y que debía existir "una mejor manera" de actuar, a la vez que mantuvo su reclamo por una solución democrática en Venezuela, otro capítulo que ocupa a la diáspora.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó la idea de una amnistía y afirmó que continuaría aplicando la ley. "Le guste o no a la congresista Salazar, los hombres y mujeres del ICE están haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. Bajo el liderazgo del presidente Trump y del secretario (Markwayne Mullin), no habrá amnistía para los inmigrantes ilegales. Ni ahora ni nunca", expresó el organismo en un comunicado.

Trump discrepó de Salazar, aunque dijo que seguía apoyando su reelección. "No estoy de acuerdo con ella", declaró desde el Salón Oval. Días más tarde, la congresista describió una conversación telefónica con él como receptiva, pero no anunció un cambio concreto en la política migratoria.

La contradicción tiene peso especial en Doral, ciudad con una numerosa comunidad venezolana dentro del distrito de Díaz-Balart. El capítulo más reciente ocurrió el sábado 26 de septiembre, cuando Trump difundió críticas contra Salazar por sus cuestionamientos sobre el control migratorio. En varias publicaciones seguidas le apuntó directamente. Más tarde, la congresista habló con Telemundo y minimizó el enfrentamiento: "esto no fue un ataque, esto fue un aviso".