Florida evalúa una excepción para estudiantes indocumentados en universidades públicas

La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida analizará este viernes una excepción a la prohibición que impide el ingreso de estudiantes indocumentados a las universidades públicas del estado. La reunión está prevista en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, y la propuesta beneficiaría a quienes ya estaban inscriptos en colegios públicos y buscan continuar sus estudios mediante un programa de transferencia de créditos.

La restricción original fue aprobada en septiembre por unanimidad y comenzará a regir desde el ciclo académico 2027-2028. La posible modificación no elimina la prohibición general: solo contempla una excepción para alumnos que ya iniciaron su formación en el sistema educativo estatal.

El planteo se vincula con el programa conocido como 2+2, un mecanismo que garantiza la transferencia de créditos entre los colegios públicos y las universidades de Florida. La legislación estatal establece que quienes se gradúan en alguno de los 28 colegios públicos pueden acceder a una de las 12 universidades estatales.

Ese sistema permite transferir 60 créditos académicos para continuar una licenciatura. La prohibición aprobada en septiembre, sin embargo, no contemplaba inicialmente una excepción para los estudiantes indocumentados que ya cursaban en esos establecimientos.

La nueva propuesta busca cubrir esa situación y evitar que quienes comenzaron su trayectoria académica bajo las condiciones del programa queden excluidos al momento de continuar una carrera universitaria. La decisión de la Junta será determinante para esos alumnos, que esperan completar su formación mediante el sistema de transferencia.

La norma original dispone que cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos sin autorización migratoria no podrá inscribirse por primera vez en las universidades públicas del estado a partir del período académico 2027-2028. Aún no había entrado en vigor porque las leyes estatales prevén un plazo de 20 días para presentar objeciones.

El gobernador Ron DeSantis ya había manifestado su apoyo a la restricción. "Creo que lo que están haciendo es lo correcto y creo que están dando prioridad a los estudiantes que crecen aquí, que asisten a nuestras escuelas, a los residentes de Florida", expresó.

La decisión recibió además el respaldo de dirigentes republicanos. El vicegobernador Jay Collins calificó la medida como una decisión de "sentido común" y sostuvo que las universidades públicas deben estar reservadas para quienes se encuentran legalmente en el país. "No se puede esperar que los contribuyentes de Florida subsidien oportunidades para personas que infringieron nuestras leyes para venir aquí", argumentó.

El comisionado de Educación estatal, Henry Mack, también respaldó el proyecto. A través de una publicación en la red social X, afirmó que fueron los contribuyentes quienes construyeron esos campus y que no deberían convertirse en un beneficio para quienes permanecen en el país sin autorización. "Nuestras instituciones existen para residentes legales y ciudadanos. Los contribuyentes construyeron estos campus. No son un premio por presencia ilegal", escribió.

La discusión se da en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en Florida, donde las fuerzas del orden locales ampliaron su cooperación con las autoridades federales. En ese marco, algunas jurisdicciones del estado avanzaron con capacitaciones para tareas migratorias y otras medidas vinculadas a la aplicación de las leyes de inmigración.

Para los estudiantes alcanzados por el programa 2+2, la resolución de la Junta de Gobernadores definirá si pueden completar el tramo universitario de su formación o si quedan fuera del sistema al que ya accedieron. La reunión del viernes será el primer paso formal para definir el alcance de la excepción.