Urribarri pidió prisión domiciliaria y alegó estrés postraumático y depresión

Antes de que la justicia active su detención, el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri solicitó cumplir su condena a ocho años de prisión en arresto domiciliario. En su presentación, alegó padecer estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización.

El pedido fue revelado por la revista Análisis. Según el escrito, la primera consulta médica fue el 18 de diciembre de 2025 y está en tratamiento con el psiquiatra Julio Horacio Curotto, quien le recetó sertralina, clonazepam y armodafinilo.

Urribarri tiene 68 años, por lo que no alcanza los 70 que exige el Código Penal para acceder al beneficio. Por eso, su defensa argumenta razones de salud para obtenerlo.

Su abogado, Leopoldo Cappa, mencionó que el día en que la Corte Suprema dejó firme la condena, Urribarri fue atendido de urgencia por un episodio depresivo mayor grave y se le reforzó la medicación antipsicótica y antidepresiva. Ese diagnóstico no figura en presentaciones anteriores de la defensa.

Además, sostienen que, por haber sido dos veces gobernador, su permanencia en una prisión superpoblada implica un riesgo de vida. Por eso, pidieron que el Servicio Penitenciario informe si puede garantizar su integridad sin aislarlo.

Urribarri ofreció como lugar de detención su casa en la calle Néstor Garat 291, de Concordia, donde reside con su esposa, Ana Lía Aguilera.

Otro condenado en la misma causa, el exministro Pedro Báez, también solicitó prisión domiciliaria, alegando un cuadro digestivo severo. Báez pidió cumplir la pena en su casaquinta con tobillera electrónica o bajo un régimen de prisión nocturna, con una dieta sin gluten. Su abogado señaló que padece diarrea crónica, con pérdida de 6 kilos en dos meses, deshidratación, taquicardia y una úlcera perianal, además de diabetes e hipotiroidismo.

El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná ya fue notificado de la decisión de la Corte Suprema, por lo que puede disponer la detención del exgobernador mientras analiza los pedidos.

El jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Urribarri por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado, en cinco causas tramitadas en tribunales provinciales. La condena incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario de la defensa por considerarlo inadmisible. La misma suerte corrieron los planteos de los otros condenados en el expediente.

Urribarri, que ya había estado preso, fue liberado en enero de 2025 tras un fallo de la Corte provincial. Tras la decisión de la Corte Suprema, los fiscales anticorrupción Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron la detención inmediata de Urribarri, Báez y Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador.

El exgobernador, aliado del kirchnerismo y embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, fue condenado el 7 de abril de 2022, sentencia confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023. Quedó preso en noviembre de 2024 por orden de la Cámara de Casación provincial, pero fue liberado en enero de 2025. Estuvo detenido 50 días.

Según la investigación de la fiscal provincial anticorrupción Cecilia Goyeneche, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.