Uscis: nueva regla de la BIA complica la green card de venezolanos en trámite

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) emitió una resolución sentencial el 22 de septiembre que modifica el procedimiento en las entrevistas para la residencia permanente en Estados Unidos. La medida alcanza a los migrantes que buscan ajustar su estatus migratorio, entre ellos los venezolanos que tramitan la green card.

El fallo establece que los oficiales de inmigración no están obligados a explicar las definiciones legales ni los elementos de un delito antes de formular preguntas bajo juramento. De ese modo, los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) quedan habilitados a usar cualquier declaración voluntaria sobre conductas pasadas para denegar la residencia permanente o iniciar un proceso de expulsión.

Según la resolución, la disposición expone a los solicitantes a riesgos legales durante sus citas ante la autoridad migratoria. Las confesiones sobre el uso de sustancias controladas, como la marihuana, o sobre delitos menores permiten declarar la inadmisibilidad del solicitante sin advertencia previa.

Los oficiales también pueden interrogar sobre el consumo de sustancias que tienen legalización a nivel estatal. La legislación federal clasifica la marihuana como sustancia prohibida y la autoridad migratoria aplica esa norma de manera estricta en las evaluaciones de residencia.

De acuerdo con el análisis de Novo Legal, los solicitantes que responden con veracidad sobre conductas pasadas pueden invalidar su trámite sin conocer la trascendencia jurídica de sus respuestas. Las organizaciones de abogados aconsejan preparar cada cita con representación legal previa para evitar declaraciones perjudiciales.

La nueva regla puede afectar a un venezolano con green card que salga del país por más de 180 días. En esa situación, la persona se convierte legalmente en solicitante de reingreso y queda expuesta a que se examinen sus declaraciones en la entrevista. El mismo proceso se aplicaría en la entrevista del Formulario N-400 para quienes decidan tramitar la ciudadanía.

Un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI) indica que alrededor de 18.400 venezolanos recibieron la residencia permanente en 2023, el 2% del total de 1,2 millones de nuevos titulares.

El expediente de Tirso Méndez Maldonado, ciudadano mexicano, originó el cambio de criterio. Durante su entrevista de ajuste de estatus en Tucson, Arizona, en septiembre de 2016, el solicitante admitió bajo juramento el consumo periódico de cocaína. Un juez de inmigración lo declaró no elegible para la residencia legal por conductas vinculadas a sustancias controladas.

El abogado de Méndez Maldonado intentó anular la declaración al apelar que no le habían dado las explicaciones requeridas por la norma histórica de 1957. Al revisar la grabación y los documentos de la entrevista, la BIA comprobó que el oficial sí le había leído la ley y los elementos del delito. El tribunal aprovechó el caso para anular las reglas que exigían explicaciones previas y concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no exige advertencias legales antes de recibir una declaración voluntaria.

La resolución anuló la doctrina sentada en los precedentes Matter of J de 1945 y Matter of K de 1957. Esas pautas rigieron durante 81 años y protegían a los extranjeros ante interrogatorios de las autoridades. En conjunto, obligaban a los oficiales a definir el delito hipotético e informar los elementos esenciales de la falta en términos comprensibles. Solo después de esa explicación la autoridad podía considerar válida la declaración del extranjero.