Vecinos y productores buscan frenar los loteos en el Parque Rural de Ministro Rivadavia

Vecinos y productores de Ministro Rivadavia, en el partido bonaerense de Almirante Brown, impulsan la creación de un biocorredor para preservar el Parque Rural, un territorio de unas 2600 hectáreas que consideran el último pulmón rural del conurbano. La iniciativa busca conectar parcelas productivas y ambientales, cursos de agua y sectores silvestres para evitar que nuevos loteos los fragmenten. La propuesta todavía no tiene una figura jurídica definida.

El proyecto incluye recuperar espacios degradados, conservar ambientes para distintas especies y garantizar sectores asociados a los arroyos. Como parte de la iniciativa, los impulsores organizaron bicicleteadas y comenzaron un relevamiento de flora y fauna. Lucía Chan y Fernando Capece son dos de los vecinos que recorren la zona y advierten sobre el avance de las subdivisiones.

El área conserva actividades agrícolas, ganaderas, hortícolas, florícolas y apícolas, además de una larga historia vinculada con la producción de ladrillos. Un trabajo académico sobre las transformaciones de Ministro Rivadavia estimó al menos 25 áreas de producción ladrillera y unas 900 hectáreas afectadas históricamente por esa actividad.

La historia normativa del Parque Rural tiene un punto central en 2014. Ese año, la ordenanza municipal 10.257 lo creó para preservar su carácter productivo, ambiental y paisajístico. Estableció zonas de preservación, producción y recuperación y prohibió la extracción de suelo y determinadas ocupaciones de las planicies de inundación. También contempló clubes de campo en zonas de recuperación cuyos suelos hubieran sido decapitados antes del 1° de enero de 2014, sujetos a una Evaluación de Impacto Ambiental y Urbanístico.

En 2020, la ordenanza 11.819 reorganizó los usos e incorporó categorías para producción, preservación, recuperación, equipamiento y clubes de campo. Para Chan y Capece, esa modificación marcó un quiebre porque amplió las posibilidades de desarrollo residencial. El municipio sostiene, en cambio, que buscó ordenar un territorio atravesado desde hacía décadas por distintas transformaciones.

Uno de los puntos en discusión es cuánto suelo está efectivamente degradado. Material del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estimó 837 hectáreas de suelo decapitado y señaló que los planos de la ordenanza de 2020 contabilizan unas 1230 hectáreas. Un informe de la organización ambiental Pilmayqueñ también cuestionó la ampliación de la superficie clasificada para recuperación. La diferencia es relevante porque los usos admitidos varían según la categoría asignada al terreno.

La presión urbana precede a esa reforma. Una investigación del Instituto de Geografía de la UBA calculó que entre 2004 y 2020 la expansión residencial en Almirante Brown alcanzó 614,3 hectáreas: 382,7 correspondieron a loteos urbanos y 203,1 a urbanización informal. El estudio estimó además que al menos 160 hectáreas de los loteos eran clandestinas y que Ministro Rivadavia concentraba 1000 de las 1565 hectáreas de suelo vacante identificadas en el municipio.

Durante la recorrida, Chan y Capece muestran una extensa depresión con agua y la identifican como una antigua tosquera. En otro sector señalan terrenos bajos donde, aseguran, hubo rellenos antes de las subdivisiones. “Toda esta zona funciona como un humedal, como una esponja”, explican. Temen que la elevación e impermeabilización del suelo reduzca la capacidad de absorción y modifique el escurrimiento hacia otras zonas.

Por eso, el agua ocupa un lugar central en el proyecto del biocorredor. Sus impulsores pretenden preservar sectores vinculados con el arroyo Las Piedras y reclaman que, junto con la Autoridad del Agua, se determine qué franjas deben permanecer libres y accesibles. La propuesta apunta a utilizar esos cursos como conexión entre parcelas que mantengan funciones productivas o ambientales.

Chan y Capece también muestran subdivisiones que, sostienen, no respetan las dimensiones establecidas para esos sectores. Mencionan lotes ofrecidos con medidas aproximadas de 12 por 30 metros y denuncian operaciones sobre tierras con situaciones dominiales conflictivas. Según relatan, algunos compradores descubrieron después de pagar que los terrenos no podían comercializarse de la manera en que habían sido ofrecidos. Aclaran que su reclamo no apunta contra quienes ya viven allí, sino hacia quienes subdividen y venden y hacia los organismos encargados de fiscalizar.

En distintos puntos hay carteles municipales que advierten sobre posibles estafas y recomiendan consultar antes de comprar. Los vecinos consideran que esa prevención debe complementarse con controles sobre los vendedores. También describen problemas de calles, recolección de residuos y suministro eléctrico y sostienen que el crecimiento residencial no fue acompañado por una planificación suficiente de los servicios.

El valor de la tierra completa el escenario. Un trabajo de investigadores vinculados con la UBA registró expectativas de valorización asociadas al posible desarrollo de clubes de campo y estimó precios de entre US$50.000 y US$100.000 por hectárea en Ministro Rivadavia. Para los impulsores del biocorredor, ese proceso dificulta que pequeños productores puedan acceder a grandes superficies y sostener actividades rurales.

Ante la consulta de LA NACION, el municipio de Almirante Brown presentó un diagnóstico diferente sobre sus políticas y controles. Informó que las ordenanzas 10.257, de 2014; 11.819, de 2020, y 13.378, de 2024, que creó el Código de Ordenamiento Urbano Territorial, fueron aprobadas por unanimidad de los bloques políticos y cuentan con convalidación provincial. Agregó que la última atravesó una consulta pública online con más de 300 participantes.

“La posición del Municipio respecto del Parque Rural de Ministro Rivadavia es clara: preservar su identidad rural, productiva y ambiental y, al mismo tiempo, ordenar una realidad territorial que durante décadas fue atravesada por distintas transformaciones y actividades”, indicó la comuna.

El gobierno local rechazó además que frente a operaciones irregulares su intervención se limite a considerarlas conflictos entre particulares. Según informó, un equipo recorre diariamente la zona rural.