VTV: Buenos Aires no adhiere al cambio nacional y profundiza disputa con Milei

Buenos Aires rechazó adherir a la reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que el Gobierno nacional impulsó para liberar precios y permitir nuevos prestadores. La decisión del gobernador Axel Kicillof suma un nuevo conflicto con la administración de Javier Milei en materia de regulación y seguridad vial.

El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, anunció la medida como "el fin del monopolio de las plantas de VTV". La resolución permite que talleres inscriptos realicen revisiones técnicas de vehículos particulares y comerciales, unificando el esquema en todo el país bajo precios libres. Sin embargo, la provincia bonaerense anticipó su rechazo casi de inmediato.

El ministro de Transporte de Buenos Aires, Martín Marinucci, fue el primero en cuestionar la medida. Sostuvo que "con rutas abandonadas, flexibilizar los controles es una irresponsabilidad" y criticó que poco se hable sobre cómo garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables. Marinucci destacó además que la provincia ya eliminó más de mil páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas.

El funcionario bonaerense enfatizó que la VTV es "una herramienta fundamental" para prevenir accidentes viales y advirtió sobre los riesgos de flexibilizar controles sin mecanismos de supervisión estatal. "Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos", remarcó.

Desde el Gobierno nacional, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, respondió a Kicillof con dureza. Afirmó que la discusión intenta llevarse hacia seguridad vial "porque no se puede defender el verdadero problema: el monopolio". Sturzenegger aclaró que la revisión técnica obligatoria sigue existiendo y que la Ley Nacional de Tránsito continúa exigiendo inspecciones vehiculares.

El funcionario nacional citó el ejemplo de los camiones, que desde hace décadas realizan la RTO en talleres habilitados bajo jurisdicción nacional. Señaló que la nueva medida extiende un modelo que ya funciona, permitiendo que cualquier taller técnicamente calificado pueda inscribirse y emitir certificados con validez nacional. "Eso no es federalismo. Eso es protección de un negocio", concluyó Sturzenegger sobre la postura provincial.

En otras provincias, la respuesta fue más cautelosa. Santa Fe anunció una adhesión parcial: mantendrá sus 28 plantas habilitadas y tarifas controladas por el Estado mientras evalúa cambios. El director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial santafesina, Carlos Torres, afirmó que "no vamos a hacer nada que perjudique ni el bolsillo de los santafesinos ni la seguridad vial". En Santa Cruz, las autoridades aclararon que la aplicación efectiva dependerá de cada jurisdicción, ya que conservan facultades para administrar sus propios sistemas.

En la Ciudad de Buenos Aires, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura, Pilar Ramírez, presentó un proyecto de desregulación que obtuvo dictamen el miércoles. La iniciativa modifica la periodicidad de verificación y permite que cualquier taller habilitado preste el servicio con libertad de precios. Aunque el PRO acompañó la iniciativa, la oposición peronista criticó que no haya límites ni topes para la actividad de los talleres.

Fuente: Clarín.