A 30 años de la Constitución porteña, la autonomía de la Ciudad sigue incompleta

El 1° de octubre de 1996, la Convención Constituyente sancionó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el paso decisivo para que la Ciudad comenzara a ejercer un régimen de gobierno autónomo, con autoridades elegidas por sus ciudadanos, facultades propias y un sistema institucional completo. La autonomía, sin embargo, había sido reconocida dos años antes, cuando la reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó el artículo 129.

La tarea de la Convención fue transformar ese reconocimiento en instituciones concretas. Lo hizo mediante una verdadera Constitución, que organizó los poderes de la Ciudad y estableció un amplio catálogo de derechos y garantías. Pero el proceso nació con una limitación que todavía tiene consecuencias.

En 1995 se sancionó la Ley 24.588, conocida como Ley Cafiero, que reservó para el Estado Nacional distintas competencias que la Ciudad considera propias de su autonomía. Desde entonces, la relación entre Buenos Aires y el poder central quedó atravesada por una discusión que aún no fue resuelta de manera definitiva.

No se trata solo de una disputa sobre competencias administrativas. En el fondo, la discusión es otra: quién tiene la responsabilidad de gobernar, legislar y administrar justicia frente a los ciudadanos de Buenos Aires.

Durante estos treinta años hubo avances significativos. La Ciudad incorporó nuevas competencias, desarrolló su sistema de seguridad y consolidó su Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación también tuvo un papel relevante, a través de pronunciamientos que fueron reconociendo el alcance de la autonomía porteña. El caso Levinas constituye uno de los capítulos más importantes de ese recorrido y marcó un avance en materia de autonomía jurisdiccional.

Pero el proceso todavía está incompleto. Persisten competencias bajo la órbita nacional. Aunque durante este año se avanzó en la transferencia de la Justicia del Trabajo, quedan pendientes otras áreas de la justicia ordinaria, como la civil, la comercial y algunos delitos penales que no fueron transferidos a la Ciudad. También continúan bajo jurisdicción nacional organismos como la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Puerto, cuyas funciones tienen un impacto directo en la vida jurídica y económica de Buenos Aires.

A treinta años de la sanción de su Constitución, la Ciudad cuenta con instituciones democráticas plenamente consolidadas. Tiene un jefe de Gobierno elegido por sus ciudadanos, una Legislatura, un Poder Judicial, un Ministerio Público, un Consejo de la Magistratura y un Tribunal Superior de Justicia.

La pregunta, entonces, no es si la Ciudad tiene autonomía. La tiene. La pregunta es si esa autonomía está completa. Y la respuesta es que todavía no. La autonomía porteña no es una concesión del poder central ni un privilegio que la Ciudad reclama frente al resto del país. Es un mandato de la Constitución Nacional.

Por eso, los treinta años de la Constitución de la Ciudad deberían ser algo más que una conmemoración. Deberían servir para retomar una discusión pendiente y avanzar hacia una autonomía plena, con todas las competencias y responsabilidades que están expresadas en la Constitución porteña.

No se trata de quitarle facultades a nadie. Se trata de ordenar responsabilidades, fortalecer las instituciones y acercar las decisiones a quienes deben responder por ellas frente a los ciudadanos.

Han pasado treinta años. El tiempo transcurrido no debería convertirse en una razón para postergar nuevamente una definición que la Constitución Nacional estableció hace más de tres décadas. Completar la autonomía de Buenos Aires no es una demanda de privilegios. Es una cuestión de federalismo, de calidad institucional y, sobre todo, de cumplimiento de la Constitución.