Casación porteña ordena aplicar el nuevo régimen penal juvenil desde los 14 años

La Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires instruyó a jueces, fiscales y defensores porteños para que apliquen el nuevo régimen penal juvenil, que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años y rige desde el 5 de este mes. La decisión quedó plasmada en el Acuerdo Extraordinario 4/2026, que establece que los delitos cometidos por adolescentes de 14 y 15 años son de competencia local.

El nuevo régimen fue aprobado por el Congreso en febrero pasado y su aplicación atravesó turbulencias en territorio bonaerense, donde una jueza de menores de Lomas de Zamora había dispuesto una suspensión que camaristas de ese distrito revocaron en los últimos días.

“El Poder Judicial de la Ciudad no sólo está en condiciones de asumir nuevas competencias penales: sino que está en mejores condiciones de asumirlas”, enfatizó el presidente de la Cámara, Javier Alejandro Buján. El magistrado celebró además que el Senado diera media sanción, el jueves último, al convenio que transfiere a la Ciudad la función judicial que hoy ejerce la Justicia Nacional de Menores en materia correccional y criminal.

Ese convenio, suscripto entre la Nación y el gobierno porteño, prevé que la Justicia de la Ciudad intervenga en todos los delitos no federales cometidos por menores de edad. Abarca tanto a adolescentes de entre 14 y 18 años como a menores de 14 años respecto de los cuales se prevé una intervención tutelar. Para entrar en vigencia, el acuerdo necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso y de la Legislatura porteña.

Buján sostuvo que la convergencia entre la actualización del régimen penal juvenil y el avance en las transferencias de competencias penales configura “un hito histórico y un gran desafío”. El titular de la Cámara afirmó que la Ciudad cuenta con una estructura judicial operativa “plenamente consolidada”.

“No empezamos de cero: operamos bajo una de las leyes procesales más avanzadas del país, lo que nos pone a la vanguardia”, señaló. Según explicó, en esta jurisdicción se contemplan desde su origen las medidas alternativas a la privación de la libertad, lo que permite que la intervención penal funcione como una oportunidad de resocialización y reinserción del menor, y no como un mero castigo, en el marco de un sistema acusatorio que redujo los tiempos de resolución.

El magistrado mencionó además los dispositivos especializados con los que cuenta la Ciudad para garantizar los derechos de los menores que participan en procesos judiciales, ya sea como víctimas, testigos u otras situaciones que requieren intervención especial. Entre ellos enumeró la Secretaría de Infancias y Adolescencias, el Centro de Atención y Derivación, el Programa de Acompañamiento e Inclusión y la Sala de Entrevistas Especializadas, creada para la toma de declaración de los menores.

“Un adolescente no puede quedar definido por una causa penal. Tenemos que poder ver a la persona, sus capacidades, sus vínculos y todo lo que todavía puede construir”, sostuvo Buján.