A dos meses del accidente aéreo en San Juan, la causa sigue sin definirse

A dos meses de la tragedia aérea en San Juan, donde murieron siete personas, la investigación todavía no logró determinar qué provocó la caída del helicóptero en el que viajaban brigadistas y funcionarios provinciales. El siniestro ocurrió en el interior del Parque Provincial Ischigualasto, en la zona conocida como Quebrada de La Chilca.

"Hasta el momento, la investigación no ha establecido una causa determinada del accidente. Las medidas dispuestas y en curso tienen como objetivo reconstruir la trayectoria de la aeronave y determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro", informó el sitio de la Procuración General de la Nación.

La causa tramita ante el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal San Juan, a cargo del fiscal general Francisco Maldonado, con la intervención de la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.

La tragedia ocurrió la mañana del miércoles 29 de julio de 2026. La aeronave, un Bell Helicopter modelo 412 EP, matrícula LV-KGR, pertenecía a la empresa JASFLY S.A. y había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El helicóptero había despegado del Aeroclub de Pocito rumbo a San Agustín de Valle Fértil, donde se iba a dictar una capacitación sobre manejo del fuego en incendios forestales.

El accidente provocó la muerte de los siete ocupantes: el piloto Matías Juan Pablo Valenzuela, de 53 años; el director de Protección Civil de San Juan, Dante Carlos Heredia, de 55; el jefe de la Dirección de Bomberos D-9 de la Policía de San Juan, Rodolfo Rubén Castro, de 52; el segundo jefe de esa dependencia, Jorge Carlos Carbajal, de 50; los bomberos voluntarios y agentes del SNMF Andrés Damián Bosch, de 47, y Rodrigo Sebastián Aimetta, de 43, y el subjefe de la Policía de San Juan, el comisario general Marcelo Germán Videla, de 52.

El sitio del impacto presenta serias dificultades de acceso. Desde la entrada del parque fue necesario recorrer unos 23 kilómetros en vehículos 4x4 y luego otros ocho kilómetros a pie. Los primeros rescatistas llegaron cerca del anochecer y montaron un campamento en las inmediaciones para custodiar la zona durante la noche y continuar las tareas al día siguiente.

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) intervino en las tareas y recuperó entre los restos el registrador combinado de datos de vuelo y voces de cabina, que presentaba daños severos por el impacto. La División Fotografía y Planimetría del Departamento de Policía Científica elaboró un informe técnico con croquis de geolocalización, mediciones y fotografías del lugar.

Los cuerpos fueron extraídos, identificados y trasladados en helicóptero hasta el ingreso del parque. Para completar el operativo fueron necesarios cuatro vuelos, ya que en cada traslado solo se podían transportar dos cuerpos. Luego fueron derivados a la Morgue Judicial. Las autopsias determinaron que las muertes fueron violentas y se produjeron por politraumatismos. En el proceso de identificación se realizaron exámenes odontológicos y se tomaron huellas dactilares.

Respecto del piloto, se dispuso un examen toxicológico que no pudo concretarse porque las lesiones impidieron obtener las muestras necesarias. También se ordenó un estudio histopatológico.

El 9 de septiembre, la Unidad Fiscal pidió autorización judicial para la exportación temporaria del registrador de datos de vuelo y de voces de cabina. El objetivo es trasladarlo a la sede de la National Transportation Safety Board (NTSB), en Estados Unidos, para intentar recuperar la información almacenada. Según la JST, la NTSB otorgó un turno para iniciar los trabajos el 12 de octubre y fijó como fecha tentativa de conclusión el 20 de ese mes. Los datos que se obtengan se incorporarán a la investigación y se analizarán junto con el resto de los elementos reunidos.