Aborto legal: 87.603 interrupciones en el sector público de 20 provincias durante 2025

A casi seis años de la sanción de la Ley 27.610, el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo se mantiene estable en volumen de atenciones. Según el Reporte Anual 2025 del Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, el año pasado se registraron 87.603 abortos en el sector público de salud de 20 provincias.

La tasa nacional se ubicó en 7,45 abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil, un número casi idéntico al de 2023, cuando había sido de 7,49. La red pública de acceso también se mantuvo sin cambios significativos: pasó de 1862 efectores a 1846 en 2025.

El 72% de las intervenciones se concentraron en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. En 11 jurisdicciones informantes, el 90% de las prácticas se resolvieron dentro de las primeras 12 semanas de gestación, en efectores del primer nivel de atención primaria y con tratamientos farmacológicos en la mayoría de los casos.

Desde 2022, los reportes anuales del Proyecto Mirar se apoyan en pedidos de acceso a la información pública a los programas de salud de las 24 provincias y a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que depende del Ministerio de Salud. Para este informe se recibieron respuestas de 16 jurisdicciones y con los datos nacionales se completaron los de Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán.

Para completar la foto del país faltarían los números de Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero, además de los abortos realizados en obras sociales y en el sector privado.

“Los indicadores cuantitativos muestran que la cantidad de interrupciones no ha descendido, el número de establecimientos que realizan abortos se ha mantenido, un alto porcentaje de intervenciones se realiza dentro de las 12 semanas de gestación, y las iniciativas legislativas y judiciales dirigidas a restringir, cuestionar o derogar la ley no han prosperado. El reto de sostener la política pública es muy alto, pero muestra resultados positivos”, analizó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.

El informe también aborda el desfinanciamiento de la anticoncepción desde el Gobierno nacional. Según sus estimaciones, la cobertura cayó un 93%: pasó de 1,2 millones de mujeres protegidas por insumos nacionales en 2024 a un estimado de apenas 63.000 para 2026.

Esas decisiones implicarían, entre esos dos años, 840.000 mujeres menos protegidas contra embarazos no intencionales, 240.000 embarazos no intencionales adicionales, 112.000 abortos que podrían haberse evitado, 452 muertes maternas y 2600 muertes neonatales evitables, de acuerdo con estimaciones del Impact Calculator del Guttmacher Institute, usado en el ámbito internacional para proyectar resultados en salud sexual y reproductiva.

Ante el retiro de los suministros de la Nación, 13 provincias sostuvieron el acceso con presupuesto propio. Buenos Aires, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Río Negro y Santa Fe compraron misoprostol. Chaco, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Misiones adquirieron tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol. Jujuy y Mendoza compraron aspiradores y cánulas para aspiración manual endouterina (AMEU).

Entre otros indicadores de accesibilidad, nueve de las 16 provincias reportan el cumplimiento de la provisión dentro del plazo estipulado de diez días. Seis disponen de un número telefónico gratuito, WhatsApp o correo electrónico dedicado a brindar información sobre IVE e ILE.

A nivel nacional, las consultas sobre IVE e ILE representaron el 94% de las llamadas durante 2025 al 0800-SaludSexual, la línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación. La mayoría fueron para reportar barreras en el acceso a los servicios. El informe también señala que no hay cifras actualizadas de mortalidad materna, uno de los indicadores más importantes para evaluar el acceso a interrupciones seguras.

En el plano jurídico, y con la crítica al aborto de vuelta en la agenda del gobierno nacional, el informe considera que “la Justicia actuó principalmente como mecanismo de protección de derechos existentes”. La Ley 27.610 sigue sin modificaciones y las iniciativas restrictivas fueron minoritarias: de 38 demandas presentadas contra la norma desde su promulgación, 35 fueron rechazadas y solo tres continúan sin cautelares ante la Corte Suprema.

Aunque solo tres proyectos fueron sancionados, el 84% de las iniciativas legislativas buscaron proteger o ampliar derechos, mientras que los que pretendían limitar la aplicación de la ley no lograron dictamen de comisión.

“La disputa política y normativa siguió siendo intensa debido a que representantes y aliados del oficialismo impulsaron otras discusiones que afectaron la agenda de género y los derechos de las mujeres, como la discusión sobre falsas denuncias y la educación sexual integral (ESI)”, apuntó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del Cedes.