Granja Tres Arroyos: extienden la conciliación obligatoria por los 1.200 despidos

El Ministerio de Trabajo bonaerense prorrogó por cinco días la conciliación obligatoria entre Granja Tres Arroyos y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) por los 1.200 despidos en tres plantas que la firma tiene en la provincia de Buenos Aires. La medida se extiende hasta el viernes, cuando las partes vuelvan a reunirse para destrabar el conflicto.

La decisión se tomó tras una audiencia que duró más de cuatro horas y se realizó este lunes en la sede de la cartera laboral en La Plata. La conciliación había obligado a la empresa a reincorporar a los trabajadores despedidos a comienzos de septiembre en las fábricas de Capitán Sarmiento, Esteban Echevarría y Pilar.

El STIA había pedido expresamente que no se dictara la conciliación, porque impide que los trabajadores puedan solicitar el fondo de desempleo. El gremio sostuvo además que, a la fecha, los empleados no cobran sus salarios, los despedidos no fueron reincorporados y tampoco les asignaron tareas.

Por el lado de la compañía, el apoderado del grupo empresario, Walter Carrizo, volvió a describir la delicada situación económica, financiera y productiva. Remarcó el pedido ante la Justicia Comercial para que los concursos preventivos de WADE y Granja Tres Arroyos SA —a las que se suma la cordobesa Avex SA— se tramiten de manera conjunta y que se dé inicio a los mismos, algo que según el acta de la audiencia todavía "se encuentra pendiente de resolución definitiva".

"Asimismo, se ha requerido la urgente apertura de los procesos concursales, a efectos de avanzar hacia la designación de la sindicatura y obtener el tratamiento judicial de las medidas necesarias para normalizar el flujo financiero y operativo de las compañías", agregó Carrizo.

Los pedidos de apertura y la solicitud de tratamiento conjunto fueron radicados en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 21, a cargo del magistrado Germán Páez Castañeda, quien remitió el expediente al Juzgado Comercial N° 1. El juez Alberto Alemán, titular de este último, se declaró incompetente y devolvió la causa. Ahora Páez Castañeda deberá decidir qué hacer con los concursos.

En la audiencia con el STIA, el apoderado aseguró que "una parte sustancial de los fondos y cobranzas correspondientes a las empresas se encuentra afectada por las medidas cautelares y mecanismos de cobro coercitivo vinculados con obligaciones de causa anterior a las presentaciones concursales, alcanzando tanto fondos embargados como cobranzas provenientes de importantes clientes de las compañías".

"Esta situación genera una extraordinaria restricción de liquidez y una severa afectación del flujo de fondos, limitando objetivamente la disponibilidad de recursos necesarios para atender normalmente las obligaciones corrientes y sostener el nivel habitual de actividad", concluyó Carrizo.