Alzheimer: la ley que espera en el Senado y los avances que cambiaron el diagnóstico

Cada 21 de septiembre, el Día Mundial del Alzheimer pone el foco en una enfermedad que afecta a alrededor de medio millón de personas en la Argentina y que, según las proyecciones, podría duplicar esa cifra hacia 2050. La fecha llega este año con un escenario distinto: la ciencia avanzó más en los últimos cinco años que en las dos décadas previas y el país tiene a un paso de convertirse en ley una respuesta de Estado a un problema que ya no puede esperar.

El Alzheimer no es una consecuencia inevitable del envejecimiento ni un simple olvido cotidiano. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible, en la que dos proteínas —la beta-amiloide y la tau— se acumulan de forma anormal en el cerebro y dañan la comunicación entre neuronas hasta destruirlas. Ese proceso puede comenzar hasta 20 años antes del primer síntoma visible.

El impacto no es solo individual. La demencia le cuesta a la sociedad argentina más de 2500 millones de dólares al año y detrás de cada diagnóstico hay una familia que absorbe estrés, ansiedad y, en muchos casos, el abandono del trabajo para cuidar. A esos cuidadores se los llama, con razón, “los otros enfermos”.

Hasta hace poco, confirmar el diagnóstico exigía estudios caros e invasivos. Hoy existe un análisis de sangre que mide de manera indirecta el daño cerebral, en particular un marcador llamado p-tau217. Estudios presentados este año en la Conferencia Internacional de la Alzheimer’s Association (AAIC 2026), en Londres, mostraron que ese biomarcador predice deterioro cognitivo hasta una década antes de los síntomas. Las guías, sin embargo, siguen siendo claras: por ahora no se recomienda testear a personas sanas y asintomáticas, porque la precisión individual todavía es insuficiente y, sin un tratamiento preventivo aprobado, un resultado elevado no cambia hoy la conducta médica.

En tratamientos, por primera vez existen fármacos —anticuerpos monoclonales como el lecanemab y el donanemab— capaces de enlentecer la progresión de la enfermedad en sus etapas más tempranas. Es un cambio de paradigma después de décadas sin novedades, aunque incluso en los sistemas de salud más equipados del mundo el acceso choca con estudios complejos, controles estrictos y una infraestructura de centros de infusión que no da abasto.

En prevención, la evidencia más contundente ya no viene de afuera. El estudio LatAm-FINGERS, el primer ensayo clínico armonizado y aleatorizado hecho en la región, siguió durante dos años a más de 1000 adultos mayores en riesgo en once países latinoamericanos, entre ellos la Argentina, y mostró mejoras cognitivas un 55% superiores en quienes siguieron un programa estructurado de cinco pilares, frente a quienes solo recibieron recomendaciones generales.

Según Alzheimer’s Disease International (ADI), en la región seis países ya cuentan con programas nacionales de demencia —Chile, México, República Dominicana, Cuba, Costa Rica y Puerto Rico— y varios más están en curso de tenerlos. La Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer (ALMA), la asociación de familiares en la Argentina miembro de ADI, viene reclamando esto desde hace años.

En febrero de este año, el Ministerio de Salud aprobó por resolución el primer Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados. Es un paso valioso, pero la propia resolución aclara que “no genera erogación presupuestaria alguna”: no tiene presupuesto asignado ni continuidad garantizada más allá de la gestión que la dictó. Eso es lo que vendría a resolver la ley que hoy espera en el Senado, luego de obtener media sanción en Diputados el 9 de octubre de 2025: convertir ese plan en política de Estado, con financiamiento, un consejo asesor con rango legal y la obligación de sostenerse en el tiempo, gobierno tras gobierno.

“Una estrategia nacional contra el Alzheimer no es un gasto: es una inversión que, a mediano plazo, le ahorra recursos al Estado y evita un costo humano y económico mucho mayor si seguimos postergando la respuesta”, sostienen los especialistas que impulsan la iniciativa.

Cada mes que la ley duerme en el Senado es un mes menos para las familias que hoy transitan esta enfermedad sin una política de Estado que las respalde. La salud cerebral dejó de ser solo un tema médico: es una condición para sostener la productividad económica y la cohesión social de los países en las próximas décadas.