Andis: el interventor denunció sobreprecios de hasta 20 veces frente al PAMI

Meses antes de presentar su renuncia indeclinable, el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, alertó a la Justicia federal sobre un cuadro de compras irregulares en el organismo. Según los reportes que remitió a Comodoro Py, el área pagaba insumos médicos y ortopédicos con facturas presentadas sin licitación ni compulsa previa y a precios que llegaron a ser hasta 20 veces superiores a los que abonaba el PAMI por el mismo insumo.

La auditoría interna calificó los problemas detectados en las contrataciones como “irregularidades de gravedad” y describió “sobreprecios sistemáticos”, además de “ausencia de procedimientos administrativos adecuados”, “debilidades estructurales”, “falencias”, “demoras” y “problemas” en distintos circuitos de la agencia. El relevamiento apuntó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos que facturaron al Estado más de $25.000 millones.

Vilches presentó sus conclusiones ante el Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en la Andis, con reportes reservados de octubre y diciembre de 2025 y abril de este año. Cinco meses después, y en medio de los recortes presupuestarios al área de Discapacidad, presentó su renuncia con efecto inmediato.

En esas presentaciones, el interventor apuntó contra su antecesor al frente del área, Diego Spagnuolo, desplazado en agosto de 2025 en plena campaña electoral tras un escándalo, y contra un puñado de empresas proveedoras del Estado. Entre ellas mencionó a Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA, que emitieron facturas por más de $25.661 millones, según dos relevamientos de más de 500 expedientes administrativos.

Los hallazgos incluyeron sobreprecios de hasta 4239% en compras de andadores, sillas de ruedas y prótesis frente a referencias de mercado usadas por técnicos del Ministerio de Salud. A eso se suma una auditoría que alertó sobre un desfasaje de $158.000 millones por deuda exigible no registrada en el área de Discapacidad.

El equipo que reportó a Vilches detectó “desvíos de precios” que llegaron a calificar como “inauditos”. Entre los casos más llamativos enviados al fiscal federal Franco Picardi y al juez por entonces a cargo de la pesquisa, Sebastián Casanello, citaron el de Farma Salud: le cobró $425 millones a la Andis por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado a otra firma por $124,2 millones en marzo de ese año.

Otros ejemplos abundaron en los reportes. Una endoprótesis aortobilíaca con endoprótesis ilíaca bifurcada se facturó a la Andis por $369,8 millones, contra $17,85 millones que había pagado el PAMI por una endoprótesis aórtica torácica autoexpandible, es decir, más de 19 veces el precio abonado por el organismo previsional. Una válvula pulmonar autoexpandible le costó $295,1 millones al área de Discapacidad en tiempos de Spagnuolo, frente a $36,4 millones en el PAMI.

En el rubro ortopédico, los técnicos de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud que trabajaron para Vilches compararon facturas con el presupuesto de un proveedor que no identificaron. Una silla de traslado postural facturada por Imnova en $18 millones tenía, según esa referencia, un valor de mercado de $945.000, lo que el informe de abril describió como una facturación “equivalente a un 1.904%” más alta.

En una muestra de ocho sillas de Expo Trauma, el Estado recibió facturas por $134 millones contra una referencia de $11,27 millones. A Bymax le atribuyeron un sobreprecio consolidado de $84,1 millones, incluida una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones que, según el informe, no supera los $500.000 en el mercado local.

En el caso de Indecomm, el relevamiento destacó seis facturas emitidas a la exAndis en noviembre pasado. Una de ellas, recabó el análisis, fue pagada dos veces: “Ambas por $28.700.000”. Para la intervención, “este conjunto de pagos en un mismo expediente muestra la reiteración de adquisiciones a valores elevados y en plazos muy acotados”.

Los reportes también señalaron que los controles, registros y padrones del organismo, con presos y más de 178.000 fallecidos incluidos, no permitían rastrear ni frenar el gasto. Los documentos oficiales continúan bajo llave en el juzgado, aunque sus copias fueron obtenidas por este medio.