Auditoría detecta desfasaje de $158.000 millones en la ex Andis por deuda no registrada

Una auditoría ordenada por el Gobierno detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 en los números internos de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La cifra corresponde a deudas que no pasaron por las áreas de control establecidas y quedó bajo la mira de la Justicia en el marco de la causa por presunto fraude en el organismo.

El trabajo analiza la gestión de la ex Andis hasta el 21 de agosto de 2025, cuando el Gobierno desplazó al director Diego Spagnuolo y a otros funcionarios. El relevamiento incluyó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

La diferencia surgió de dos consultas internas con resultados dispares. Los auditores pidieron información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS). La DNASS informó una deuda mayor y es, a la vez, el área que concentra las sospechas del fiscal Franco Picardi.

Para el fiscal, los procesos de compra de esa dirección tuvieron “sobreprecios sistemáticos, ausencia de procedimientos administrativos adecuados y prácticas que comprometen la transparencia, eficiencia y legalidad de la gestión pública”. La auditoría también marcó posibles imprecisiones en los números entregados por la DNASS, que advirtió que “los importes como la clasificación de los mismos puede haber sufrido variaciones por errores involuntarios de carga de los prestadores”.

Una fuente al tanto del funcionamiento de la ex Andis sostuvo que este tipo de diferencias no es inusual, aunque consideró “significativo” el monto. Explicó que “la DNASS asume y se compromete a pagar, pero después no tiene ese presupuesto y todavía esa deuda, para que sea reconocida por la DPYC, tiene que pasar por todo un sistema administrativo que a veces no se completa”.

La auditoría no discrimina cómo se compone esa “deuda no registrada”. Fuentes oficiales afirmaron que “el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia toda la información requerida y continuará colaborando con la investigación”.

La causa judicial identificó compras PACBI para justificar la acusación contra los imputados. Un caso testigo es el del medicamento Macitentan, que en compulsas abiertas costó $411.764, pero llegó a adjudicarse en casi $8,3 millones en compulsas reducidas en noviembre de 2024.