Andis: detectan desvíos de hasta 1972% en compras de prótesis e insumos

Un paciente de Río Negro necesitaba una prótesis por amputación. Según los papeles, el documento indicaba que había sido entregada, pero un informe oficial determinó que eso era falso. La firma de la madre del beneficiario había sido obtenida bajo inducción a error durante la toma de medidas y no representaba la recepción real del bien. La Justicia investiga ese y otros casos de compras en la exAgencia Nacional de Discapacidad (Andis).

El material fue enviado por el Ministerio de Salud y el interventor saliente del área de Discapacidad, Alejandro Vilches, e incluye presuntos “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. Los informes técnicos, firmados el 15 de octubre de 2025 y el 10 de abril de este año, detectaron precios hasta 1972% más altos que los abonados por otras reparticiones públicas como el PAMI por el mismo insumo o uno similar.

El primer escrito analizó compras de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y un neuroestimulador. El segundo sumó insumos ortopédicos, referencias de mercado y presuntos errores administrativos. En octubre, Vilches explicó que la intervención encaraba un análisis “orientado a la detección de hechos relevantes y/o irregularidades” con múltiples observaciones que “podrían configurar apartamientos a las normas”.

Uno de los casos más llamativos involucró a Farma Salud. El 8 de julio de 2025 se pagaron $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. El informe contrastó que el PAMI adjudicó el 25 de marzo de ese año el mismo sistema a Siprotec SA por un valor unitario de $124.200.000. En otra comparación por endoprótesis y una válvula pulmonar autoexpandible, la diferencia entre lo facturado a la exAndis y el precio del PAMI llegó al 711%.

Dos representantes de Farma Salud negaron ante la Justicia haber realizado pagos indebidos a funcionarios y apuntaron contra un tercer accionista de la firma.

En implantes cocleares, el informe citó que el precio promedio abonado por unidad a Droguería Floresta fue de US$ 62.613. Una adjudicación perfeccionada en septiembre estableció un valor unitario de US$ 12.125 por compra por volumen, mientras la referencia de mercado rondaba los US$ 16.975. “El incremento alcanza los US$ 45.638 por unidad, equivalente a un 269% por encima del precio estimado de mercado”, detalló el escrito.

Las diferencias se repitieron en facturas de la proveedora Indecomm, pero el informe destacó otra irregularidad. Concentró en noviembre seis facturas emitidas a la exAndis y una de ellas, la B 00001-00000958, fue abonada dos veces, ambas por $28,7 millones.

La compra de un neuroestimulador también generó observaciones por una brecha del 219%. Neurosalud recibió el pago de $132,4 millones en junio de 2025 mediante la factura N° 00000128. En abril había sido adjudicada por el mismo monto. Un mes antes, el PAMI había adquirido un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable a $41,5 millones por unidad.

El informe de abril consignó errores de categorización técnica. “Se facturaron unidades C01 a precios de entre $11 y $14,9 millones, cuando por su patología correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son sustancialmente menores, oscilando entre $1,3 y $2,3 millones”, señalaron. También cuestionó la adquisición de productos importados cuando los requerimientos podían cubrirse con equipamiento nacional, de “superior durabilidad y ajuste anatómico” y menor precio. “La insistencia en el uso de módulos importados con sobreprecios que oscilan entre el 300% y el 1000% de forma sistémica carece de sustento clínico y financiero”, analizaron.

Ese mismo informe incluyó una factura por un andador con un presunto sobreprecio del 4239%. Desde Ortopedia Bernat indicaron que, al menos hasta mayo, la factura estaba impaga y relataron una situación particular: “Se contempló algo mucho más sofisticado y que se terminó entregando algo más sencillo, pero el circuito operativo continuó y se terminó facturando el mismo valor que lo adjudicado. Y no lo entregado”.

Los informes de Vilches fueron incorporados a la investigación judicial, junto con un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que también detectó diferencias de precios entre licitaciones dentro de la propia Andis. Con ese material, el fiscal federal Franco Picardi enfocó su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente acotado, con menos oferentes, distinto al sistema de compulsas recomendado por las autoridades.