La provincia de Buenos Aires ya perdió 25 días de clase y gremios amenazan con no arrancar 2027

La provincia de Buenos Aires acumula 25 días de clase perdidos en el ciclo lectivo, sobre un calendario que fija 190 jornadas por ley. Los paros docentes, las marchas de estatales y una serie de hechos de violencia contra educadores explican buena parte de las jornadas caídas, en un distrito con cerca de 3,5 millones de alumnos y más de 400.000 maestros y profesores.

El escenario se descompuso a partir de mayo, cuando el alejamiento de Roberto Baradel de la conducción de Suteba, el gremio con más de 90.000 afiliados, terminó de quitar el freno a las protestas que su cercanía con el gobernador Axel Kicillof había logrado atemperar. Ya en marzo, al comienzo del ciclo lectivo, se había registrado la primera huelga docente de la gestión.

Octubre concentró el mayor impacto: la provincia contabilizó 10 jornadas de paro en 20 días hábiles, con distintos niveles de adhesión. A eso se sumó el anuncio oficial de un aumento del 6% en dos tramos para el bimestre octubre-noviembre, que no alcanzó a desactivar el conflicto. El carácter sorpresivo de muchas de esas medidas golpea además la previsibilidad y la organización familiar.

El 7 de octubre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que nuclea a porteros, cocineros y preceptores, convocó a una marcha hacia la Legislatura bonaerense que forzó el cierre de escuelas. Una semana después, una jornada nacional de protesta volvió a dejar a la mitad de los colegios sin actividad.

Suteba Multicolor llamó a protestar por salarios el 27 y 28 de octubre. El reciente asesinato de la docente correntina Nancy Godoy disparó una nueva huelga el 29, de modo que muchos alumnos tuvieron apenas dos días de clases esa semana. A las huelgas se suman capacitaciones, desinfecciones, refacciones de urgencia, paros de transporte, feriados y fenómenos climáticos que recortan la escolaridad real.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires convocó a un nuevo paro y cuestionó las prioridades presupuestarias del gobierno provincial. El gremio advirtió que podría no comenzar el ciclo lectivo 2027 si no se ajusta el salario del sector, una amenaza que se apoya en el derecho a huelga garantizado por las constituciones nacional y provincial.

Ese respaldo constitucional explica, en parte, que ni siquiera la Dirección General de Escuelas del distrito releve las jornadas perdidas por paros. Tampoco reporta ausentismo o presentismo docente ni deja claros los criterios para descontar los días no trabajados, lo que dificulta medir la magnitud real del problema.

El contraste con Brasil aparece como referencia en el debate. El país vecino no registra huelgas y el salario mínimo nacional fijado en 2008 para los docentes duplica hoy su sueldo respecto de entonces. El Fondo para el Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y la Valorización de los Profesionales de la Educación (Fundeb) reúne recursos federales, estaduales y municipales de destino obligatorio a educación primaria y secundaria, y premia los mejores resultados con incentivos financieros y reconocimientos públicos a intendentes y responsables municipales de Educación.

Las mejoras en alfabetización son notorias porque a los buenos planes se les sumaron fondos. La experiencia brasileña deja una conclusión que atraviesa el caso bonaerense: no basta con buenos programas fundados solo en buenas intenciones.

Con un calendario escolar que no se cumple, niveles de ausentismo creciente y resultados educativos pobres, la discusión vuelve sobre el límite entre el legítimo derecho al reclamo y el derecho a aprender de niños y jóvenes. Educar demanda inversión, y sin una decisión política que reconozca la urgencia del financiamiento, el futuro se escurre entre las aulas. El impacto también se mide en el entramado productivo: la industria bonaerense acumula pérdidas de empresas y empleos que condicionan los recursos disponibles.