Una jueza suspendió por 60 días la baja de la imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires

La jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la ley que redujo a 14 años la edad de imputabilidad en la provincia de Buenos Aires. La medida fue adoptada al resolver una acción de habeas corpus presentada por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los adolescentes privados de la libertad en el distrito.

En su fallo, la magistrada sostuvo que la aplicación inmediata de la norma, que incorpora a los jóvenes de 14 y 15 años al sistema penal, aumentará considerablemente la cantidad de personas detenidas. "Este aumento, si bien será progresivo, también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones", explicó.

La ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero, entró en vigencia el sábado pasado. El Gobierno nacional la reglamentó hoy, y designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito federal. La resolución de Pascual no cuestiona la legalidad de la norma, pero impide su aplicación en el territorio bonaerense durante dos meses.

El efecto concreto es que, en la provincia más poblada del país, un menor de 14 o 15 años que cometa un delito grave no podrá ser encarcelado. La decisión, sin embargo, podría no ser acatada en otros departamentos judiciales. "Un juez de San Isidro podría resolver que su resolución no tiene jurisdicción allí", explicó a LA NACION un funcionario judicial con experiencia en la materia.

En su escrito, Pascual remarcó que los dispositivos de privación de la libertad provinciales no están en condiciones de recibir más adolescentes sin afectar sus derechos. "Resulta evidente que el estado de situación actual no permite recibir una mayor cantidad de adolescentes, con la complejidad que implica la incorporación de sujetos de otras franjas de edad", afirmó.

La jueza fijó una audiencia para el miércoles de la semana próxima, a la que citó a los responsables de las principales áreas del Ejecutivo bonaerense para que informen sobre las medidas de implementación. También solicitó al Ministerio de Seguridad, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia provincial que arbitren los medios para efectivizar la suspensión.

Pascual, exministra de Familia de la provincia durante la gobernación de Eduardo Duhalde, presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia. El año pasado recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Guillermo Brown.

La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) cuestionó al gobernador Axel Kicillof por el fallo. "En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad", escribió en su cuenta de X. "También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias", agregó.

Desde la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, que preside el sacerdote José María Di Paola, defendieron la acción judicial. "La ampliación del universo de adolescentes punibles va a aumentar la cantidad de personas detenidas, y esa mayor cantidad de detenciones se daría en condiciones que violan los estándares constitucionales", señalaron en un comunicado.