California multa con hasta US$10.000 a empleadores que amenacen a trabajadores inmigrantes

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley AB 2495, que amplía las protecciones laborales de los trabajadores inmigrantes frente a represalias y coerción relacionadas con su estatus migratorio. La norma fue sancionada el 29 de septiembre de 2026 y entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Establece una multa civil de hasta US$10.000 por empleado o persona y por cada violación.

La legislación modifica la sección 1019 del Código Laboral del estado y alcanza a postulantes, empleados y exempleados. La situación migratoria real de una persona es irrelevante para determinar la responsabilidad del empleador, y la ley también contempla acciones vinculadas con un estatus migratorio percibido.

Entre las conductas prohibidas, la norma incluye aquellas que razonablemente puedan disuadir a una persona de ejercer un derecho reconocido por la legislación o inducirla a abstenerse de hacer algo que tiene derecho a hacer. La protección se extiende a prácticas migratorias injustas cuando se utilizan con fines de represalia o coerción.

El dinero de la multa debe otorgarse a quien sufrió la conducta prohibida. La sanción económica puede coexistir con otras vías de reparación: la persona afectada puede presentar una demanda civil y solicitar los recursos previstos por la legislación, incluidos daños cuando correspondan.

Un tribunal también puede ordenar la suspensión de determinadas licencias vinculadas con la operación del negocio. El plazo puede llegar a 14 días por una primera infracción, 30 días por una segunda y 90 días por una tercera o posterior. Las licencias profesionales quedan excluidas de este mecanismo.

Al resolver una medida de este tipo, el tribunal debe considerar factores como el carácter deliberado de la conducta y el posible perjuicio que la suspensión pueda ocasionar a otros trabajadores. Cuando la persona afectada prevalece en una demanda, también puede recuperar los honorarios razonables de sus abogados y los costos del proceso, incluidos determinados gastos relacionados con expertos.

La legislación estatal no modifica la autoridad del Gobierno federal para aplicar las leyes de inmigración. Su alcance se concentra en las conductas que California considera ilegales dentro de las relaciones laborales y en las consecuencias civiles previstas para esas infracciones.

La norma contempla una excepción cuando la conducta se realiza por una dirección o solicitud expresa y específica del Gobierno federal. Su aplicación dependerá de las circunstancias de cada caso y de los requisitos establecidos por la legislación de California.