Newsom firmó su última ley: California votará un bono de US$7500 millones para ciencia y salud

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 895, que someterá a los votantes del estado una propuesta para autorizar 7500 millones de dólares en bonos destinados a investigación científica y sanitaria. La consulta pública quedó fijada para la elección primaria del 7 de marzo de 2028.

La firma se concretó el 30 de septiembre desde el Golden Gate Bridge, según informó la oficina del gobernador. Se trató del último proyecto de la sesión legislativa regular 2025-26 y la última de 1160 iniciativas sobre las que actuó Newsom en ese período.

El senador estatal Scott Wiener, demócrata por San Francisco, impulsó la propuesta. El texto legislativo confirmó la aprobación del gobernador y precisó que la Secretaría de Estado recibió la norma el mismo 30 de septiembre.

La ley crea la Fundación de California para la Investigación en Ciencia y Salud dentro de la Agencia de Operaciones Gubernamentales. Ese organismo administrará subvenciones, préstamos y contratos para proyectos científicos y de desarrollo en universidades, centros médicos académicos, institutos, compañías de investigación y otras entidades públicas o privadas.

El alcance abarca investigación biomédica, salud pública, prevención de enfermedades, salud conductual, prevención de incendios forestales, clima, océanos, agricultura, agua, tecnologías emergentes y riesgos sísmicos. También incluye estudios sobre seguridad y eficacia de medicamentos, productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos y cosméticos.

La autorización para emitir la deuda dependerá del resultado de la votación de marzo de 2028. Una parte específica del total irá a infraestructura universitaria: 1000 millones de dólares para proyectos de la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California (CSU). De ese monto, 250 millones corresponderán a la UC y 750 millones a la CSU.

La normativa fija criterios para los proyectos que reciban recursos. Un proceso competitivo de revisión científica por pares evaluará las propuestas y tendrá en cuenta el mérito técnico, las prioridades del consejo de la fundación y el posible beneficio para la población, los recursos naturales y el ambiente estatal.

Los fondos solo podrán destinarse a investigadores o iniciativas ubicadas dentro del estado, salvo colaboraciones con especialistas de otras jurisdicciones. En esos casos, el proyecto deberá usar al menos el 75% de los recursos en actividades de investigación dentro de California.

La SB 895 exige estándares de intercambio científico abierto, supervisión pública y acceso a los resultados. Los beneficiarios deberán poner los datos a disposición de la comunidad científica, con excepciones por seguridad nacional, y ofrecer acceso público gratuito a las publicaciones que surjan de estos trabajos.

Al menos el 10% del fondo se asignará a un modelo de proyectos avanzados que combine actores académicos, industriales y gubernamentales, bajo el nombre de California Advanced Research Project Activities (Cal-ARPA). Otros 250 millones de dólares se destinarán al apoyo de la comercialización de investigaciones.

El texto fija además que los costos administrativos no podrán superar el 3% del dinero del fondo. También establece mecanismos para que el estado obtenga beneficios de determinadas invenciones, tecnologías, patentes, regalías y licencias que surjan de investigaciones respaldadas con recursos públicos.

La oficina del gobernador ubicó la iniciativa dentro de la estrategia estatal de inversión en tecnología e innovación. El comunicado señaló que las empresas californianas captaron 366.000 millones de dólares en capital de riesgo durante 2026 hasta agosto y que los centros universitarios del estado ejecutaron 14.400 millones de dólares en investigación y desarrollo durante el año fiscal 2024.