Chile eleva el tono con la Argentina por Magallanes y pide explicaciones a un ministro

La polémica por la soberanía del Estrecho de Magallanes escaló en Chile hasta convertirse en un conflicto político de primera línea. Seis excomandantes en jefe de la Armada, seis exministros de Defensa y un grupo de senadores reclamaron al gobierno de José Antonio Kast una posición de firmeza frente a una serie de declaraciones de funcionarios y militares argentinos sobre el extremo sur. La Cámara de Diputados aprobó por 57 votos contra 49 la primera interpelación a un ministro de esta administración.

El canciller Francisco Pérez Mackenna deberá responder el lunes 28 ante el Congreso por los episodios con la Argentina. La citación, impulsada por la oposición, convirtió un diferendo diplomático en un tema instalado en la agenda pública chilena, algo que no ocurrió del lado argentino, donde cada episodio se agotó en su propia aclaración.

El viernes, durante una gira por la Región de Los Ríos, Kast tuvo que desmentir al ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, quien había asegurado en A24 que ambas armadas realizan un “patrullaje combinado” en el Paso Drake y ejercicios conjuntos en Magallanes. “Jamás en el Estrecho de Magallanes ha habido un patrullaje conjunto”, respondió el presidente chileno. “Cualquier buque, cualquier bandera, tiene que solicitar que se suba un piloto chileno y dirija las maniobras de esa embarcación”. Y remató: “El Estrecho de Magallanes es y será siempre chileno, y la soberanía está determinada, más allá de lo que diga cualquier persona”.

El Ministerio de Defensa chileno precisó que los únicos acuerdos de trabajo conjunto en la zona austral son la Patrulla Antártica Naval Combinada, estacional y en aguas internacionales, y el Ejercicio Viekarén, de búsqueda y rescate en el canal Beagle.

La mecha se encendió el domingo 23 de agosto, cuando el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea argentina, general Gustavo Valverde, sostuvo en un podcast que “Magallanes, el sur, el Mar de Drake, todo eso es soberanía” y que había que hacer presencia allí porque se trata de “una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico”. Era el segundo alto oficial argentino en cuatro meses en cuestionar la soberanía chilena sobre el Estrecho. En abril, el contraalmirante Hernán Montero, jefe de Hidrografía Naval, había afirmado en otro podcast que la boca oriental era argentina.

La Cancillería chilena envió una nota de protesta y Pérez Mackenna recordó que la soberanía sobre la totalidad del Estrecho “se funda en los Tratados de 1881 y 1984”. El 3 de septiembre, en Santiago, Kast y Javier Milei firmaron un comunicado que ratificó ese régimen jurídico. La calma duró tres días: en Radio Mitre, la senadora Patricia Bullrich enumeró las prioridades estratégicas argentinas e incluyó “el control del Atlántico Sur, del Estrecho de Magallanes, de la llegada a la Antártida”. El domingo 6 le escribió al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte, para atribuirlo a “una confusión de nombres”: había querido decir canal Beagle.

La advertencia más dura llegó desde la propia Armada chilena. El 2 de septiembre, seis almirantes en retiro que fueron comandantes en jefe de la institución publicaron una carta en El Mercurio donde recordaron que algunos de ellos vivieron la crisis del Beagle, “que llevó a ambos países al borde de una guerra”, y advirtieron que la Argentina “ha mantenido históricamente aspiraciones de proyección hacia el Pacífico”. Cerraron con una frase que se citó durante días: “La historia aconseja prudencia, pero también firmeza. Ya en 1978 Argentina declaró insanablemente nulo el Laudo Arbitral sobre el Beagle. Esa experiencia no debiera olvidarse”.

Cuatro días después llegó la segunda carta, de seis exministros de Defensa de gobiernos de distinto signo, entre ellos Francisco Vidal, Mario Desbordes y Alberto Espina, que advirtieron que el financiamiento de las capacidades estratégicas se está tratando como una variable de ajuste fiscal. Vidal aclaró que el reclamo no era belicista: “Nuestra capacidad militar no es para ofender”.

Detrás del malestar hay un documento. El decreto 457, firmado en 2021 bajo Alberto Fernández, aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional y menciona la “exploración, estudio y control conjunto del Estrecho de Magallanes y el Mar de Hoces”, como se denomina en la Argentina al Paso Drake. Chile protestó por carta formal ese mismo agosto y el decreto sigue vigente, igual que el 256 de 2010, que los excomandantes de la Armada consideran incompatible con el Tratado de Paz y Amistad de 1984.

El senador Iván Moreira, vicepresidente del Senado y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que “la seguidilla de hechos ha provocado un clima de desconfianza en la opinión pública chilena”. Y agregó: “Hay una sucesión de actos y declaraciones de diversos gobiernos argentinos que han alimentado la sospecha de que esto forma parte de una estrategia de mayor aliento, con un objetivo que desconocemos”. Una encuesta de la consultora Cadem del 6 de septiembre mostró que el 47% de los chilenos consideraba que Kast había manejado mal la controversia.