Cristina Kirchner sumó una adenda ante la ONU para frenar su inhabilitación perpetua

Los abogados de Cristina Kirchner presentaron este martes una adenda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para ampliar la denuncia que busca revisar la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La movida judicial ocurre en medio del operativo clamor del peronismo para que la expresidenta sea candidata el año próximo.

Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron el escrito con el objetivo de pedir la suspensión de la pena de inhabilitación. En la presentación denunciaron actos de intimidación, en particular por la difusión de imágenes del allanamiento a su domicilio privado, lo que consideraron una violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité", dijo Valim a la agencia Reuters. Para el letrado, "eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité". Valim apostó además que el comité "va a reconocer las violaciones de derechos". "Aquí la duda es cuándo", se preguntó.

La adenda busca "poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia". En primer lugar, menciona una serie de actos de intimidación posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos enumera declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta.

En segundo lugar, la defensa presentó un nuevo elemento probatorio que considera decisivo para la causa Vialidad. Según el escrito, la condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había pedido durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos fondos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales.

Los letrados agregaron que en agosto de 2026, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría.

Según la adenda, esos resultados contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total.

"Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri", añadieron.

En tercer lugar, la adenda denunció más actos de intimidación después de conocerse estos nuevos elementos. Cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales. La presentación consideró que esa difusión constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada y recordó que frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022.

El diputado de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, volvió a proponer el lunes la candidatura presidencial de Fernández de Kirchner, pese a la inhabilitación perpetua. "Hay un montón de gente que la quiere votar", afirmó en declaraciones a Infobae. "La capacidad electoral de Cristina está vista. Fue tres veces en una boleta presidencial: dos veces fue electa presidenta y, una, vicepresidenta", sostuvo.

Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso. Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue "un acto de agresión" al sistema judicial argentino, sino un "derecho constitucional" y un "mecanismo previsto por las normas del orden". El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.