Cristina Kirchner y la pulseada por una candidatura que la Justicia ya bloqueó

La posibilidad de una nueva candidatura de Cristina Kirchner volvió al centro del debate político después de que Máximo Kirchner la planteara en un programa de streaming. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó ese fallo.

El hijo de la exmandataria sostuvo que su madre mantiene la voluntad de volver a representar a quienes la apoyan y vinculó esa chance con la presentación que hizo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para el sector más cercano a la exmandataria, ese recurso internacional habilitaría a discutir una postulación pese a la condena firme.

La discusión, sin embargo, ya atravesó todas las instancias de la Justicia argentina. Actuaron fiscales, jueces y tribunales de distintas jurisdicciones. Hubo audiencias públicas, sobreabundancia de pruebas y siempre estuvo garantizado el derecho a la defensa. La condena no es una instancia pendiente: es un dato institucional vigente.

Es legítimo recurrir a organismos internacionales cuando alguien entiende que sus derechos fueron vulnerados. Distinto es presentar ese recurso como argumento para desconocer los efectos de una sentencia firme. Convertir cada consecuencia de una condena en una nueva prueba de una supuesta persecución política solo mantiene abierto un conflicto que dejó de ser jurídico para volverse político.

Una sentencia vigente es un dato institucional. Una candidatura es una posibilidad política. Confundir ambas cosas solo contribuye a generar desconcierto entre los electores

La discusión también expone una deuda que el Congreso mantiene con la sociedad: la ley de ficha limpia. Esa norma, que inhabilita a ser candidatos a cargos electivos o a ocupar funciones de gobierno a quienes cuentan con sentencia en segunda instancia, ordenaría el debate mediante reglas generales. No debería confeccionarse para un apellido ni contra un apellido, sino fijar un estándar aplicable a todos los que pretendan ejercer responsabilidades públicas.

El derecho de los ciudadanos a votar no supone que cualquier persona pueda presentarse para cualquier cargo con independencia de las condiciones establecidas por el orden jurídico. Sostener lo contrario degrada la calidad democrática y desplaza la discusión sobre la responsabilidad de quienes ejercieron el poder hacia una batalla permanente alrededor de una dirigente.

El peronismo, en tanto, debería purgarse de las malas dirigencias y dar lugar a representantes valiosos y honestos, que no han de faltarle. La transparencia no puede ser una consigna que se exige al adversario y se relativiza cuando alcanza a los propios.

El país necesita dirigentes capaces de discutir cómo gobernar, cómo administrar los recursos públicos y cómo garantizar transparencia. Necesita acuerdos entre quienes estén dispuestos a asumir esas responsabilidades sin convertir las instituciones en instrumentos de conveniencia personal. Menos operaciones alrededor de nombres propios y más compromisos verificables.