Un fallo extendió un año la vida del Instituto Almafuerte, el colegio de 1400 alumnos que iba a cerrar

El Instituto Almafuerte, el colegio de 9 de Abril, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, tendrá al menos un año más de actividad. La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora hizo lugar a un pedido de la institución y resolvió que debe seguir siendo conducida por sus autoridades actuales. Además, prorrogó el cese de la actividad educativa hasta que finalice el ciclo lectivo 2027.

La decisión alcanza a una comunidad de más de 1400 alumnos repartidos entre los niveles inicial, primario y secundario, y a un plantel docente y no docente de más de 100 personas. Hasta un día antes, el establecimiento enfrentaba el riesgo de cerrar en diciembre por un fallo anterior de la misma sala que había ordenado la disolución de la sociedad y la liquidación del inmueble.

La noticia fue comunicada a las familias mediante un comunicado firmado por las propietarias María del Carmen Motta y Ana María Falzarano, y por el representante legal de ambas, Rodrigo Pintos Falzarano. “La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora nos ha notificado que resolvió que el Instituto Almafuerte debe seguir siendo conducido por sus legítimas autoridades y, lo que es más importante, prorrogó el cese de la actividad educativa al momento en que finalice el ciclo lectivo del año 2027”, señalaron.

En el mismo texto, las autoridades anticiparon la apertura de la matriculación para el próximo año y aclararon que la disputa judicial no está cerrada. “Sin perjuicio de ello, nos encontramos abocados a procurar una solución que ponga punto final al conflicto judicial”, indicaron.

El fallo llegó apenas 24 horas después de una movilización en el patio del colegio. Padres, alumnos, docentes, exalumnos, comerciantes y vecinos reclamaron por la continuidad de la institución, ubicada a metros del Camino de Cintura y ligada al barrio desde su fundación, en 1960. En una zona periurbana donde escasean las ofertas educativas, el Almafuerte funciona además como fuente de empleo y punto de apoyo del comercio de los alrededores. El caso se inscribe en un contexto más amplio de presión sobre el sistema educativo, con matrículas en caída y cierres de colegios en Buenos Aires que reordenan el mapa de la ciudad.

El conflicto se remonta a 2011, cuando murió Orlando Antonio Pintos, uno de los socios históricos. La escuela había sido fundada décadas antes por Domingo Antonio Francisco Motta, su esposa Carmen Fernández Veiga y su hija María del Carmen. Más tarde se incorporaron Pintos, que ya era docente, y su colega Falzarano. La gestión compartida funcionó con prosperidad hasta la muerte de Pintos. Desde entonces se desencadenó un enfrentamiento entre su viuda y dos de sus hijos, por un lado, y los socios restantes, por el otro.

Ante la falta de un acuerdo para desprenderse de su participación, los herederos recurrieron a la Justicia y reclamaron la disolución de la sociedad y la liquidación del colegio. En 2024, una sentencia de primera instancia había encontrado una vía para encauzar el conflicto y permitir la continuidad del establecimiento. La Sala III revirtió después esa decisión y fijó el 31 de diciembre como horizonte para el cese de la actividad. Tras el pedido de revisión de los dueños que pretenden la continuidad y la reacción de la comunidad, el nuevo pronunciamiento modificó el escenario en el corto plazo.

“Como lo dijimos desde el primer momento: esto solo tiene sentido con los chicos en las aulas y el personal desempeñando sus funciones”, señalaron las autoridades en el cierre del comunicado.

El desenlace del Almafuerte también dialoga con otras discusiones sobre el presente de las escuelas argentinas, como el estudio que alerta por la caída de habilidades verbales de los estudiantes. En el caso del colegio de Esteban Echeverría, la continuidad más allá de 2027 y la disputa societaria siguen pendientes.