Detienen a funcionaria de Kicillof por lavar $27 mil millones con datos de ex presos y lo vinculan a Sur Finanzas
Una fiscal de La Plata ordenó la detención de Albertina Mangini, acusada de usar datos biométricos de personas vulnerables para abrir billeteras virtuales y blanquear dinero del juego clandestino.

La fiscal de La Plata Betina Lacki ordenó la detención de una funcionaria del gobierno de Axel Kicillof acusada de captar personas vulnerables para utilizar sus datos biométricos sin consentimiento y abrir cuentas en billeteras virtuales, con el fin de lavar dinero que provendría del juego clandestino en la provincia. El caso tiene conexiones con la causa Sur Finanzas.
La investigación detectó un circuito de lavado de unos $27.000 millones y puso bajo la lupa a Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo dueño, Maximiliano Vallejo, tenía vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Los investigadores sospechan que Marchioni cumplía un papel en el tramo del lavado de la organización.
La organización utilizaba como “mulas” financieras virtuales a personas en situación de vulnerabilidad, un punto de contacto con la causa Sur Finanzas. En el centro de ese cruce aparece un nombre que se repite en ambos casos: Ignacio Leonel Marchioni.
La fiscal Lacki ordenó detener a Albertina Mangini, una funcionaria que cumplía tareas en una oficina de enlace del Patronato de Liberados y que quedó acusada de integrar la organización dedicada a captar ex presos para utilizar sus datos personales y biométricos en la apertura de cuentas de billeteras virtuales. Mangini es funcionaria del Ministerio Público Fiscal, pero cumplía tareas en una oficina de enlace dentro del Patronato de Liberados, que depende del Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Martín Mena, y que dirige Aníbal Hnatiuk.
La hipótesis fiscal sostiene que las cuentas abiertas con los datos biométricos de los estafados eran utilizadas como “mulas” financieras para recibir, transferir y fragmentar fondos de origen presuntamente ilícito.
Lacki imputó a Albertina Mangini, Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni por los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Mangini ya fue detenida y en los próximos días la fiscal podría pedir su prisión preventiva. El expediente está en manos del juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo.
La situación de Marchioni adquiere particular relevancia porque no es un desconocido para la investigación sobre el circuito financiero de Sur Finanzas. En esa causa, que investiga el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, y la fiscal Cecilia Incardona, Marchioni se encuentra imputado, con sus cuentas congeladas y una inhibición general de bienes, explicaron fuentes judiciales. La investigación lo señala como un intermediador de operaciones con criptomonedas y analiza sus movimientos financieros junto con los de otros operadores.
Un informe atribuido a ARCA puso bajo análisis las operaciones realizadas a través de billeteras digitales vinculadas a Sur Finanzas PSP S.A. y a la firma de criptomonedas QBIT Capitals. Según ese informe, Marchioni figuraba como monotributista categoría D y durante 2024 habría declarado ingresos por menos de $5 millones. Sin embargo, los investigadores detectaron una actividad financiera de dimensión completamente diferente: movimientos por aproximadamente $87.000 millones a través de billeteras virtuales vinculadas a Sur Finanzas y QBIT Capitals, unos $230 millones en facturación, alrededor de $255 millones de ingresos en efectivo y la compra de un BMW por casi $100 millones.
Por su parte, la fiscal platense incorporó un informe del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina que reconstruyó parte de la operatoria financiera de los acusados. En el caso de Marchioni, el análisis de su actividad en la empresa HAZ PAGOS detectó créditos por $13.574.944.078 y débitos por $13.574.944.075, es decir, un flujo bruto de $27.149.888.153. Para los investigadores, semejante volumen de movimientos resulta particularmente relevante porque aparece asociado a un acusado cuya situación fiscal formal no parece compatible con esa magnitud de operaciones.
De hecho, HAZ PAGOS habría bloqueado y suspendido definitivamente la operatoria de Marchioni luego de detectar un incremento del riesgo asociado a la correlación con hechos investigados en la causa Sur Finanzas. La plataforma lo habría identificado como un perfil de riesgo precisamente por su vinculación con los movimientos que estaban siendo investigados.
El informe policial también detectó que Marchioni, Campoli Sillero y Taubenschlag fueron clientes de LB Finanzas. Marchioni y Campoli Sillero fueron categorizados como “arbitrajistas” y sus cuentas quedaron inmovilizadas. En el caso de Marchioni, entre el 28 de noviembre de 2022 y el 1° de septiembre de 2023, se identificaron 849 operaciones externas exitosas con terceros, correspondientes a 569 CUIT diferentes. Los ingresos provenientes de terceros alcanzaron los $266.361.641, mientras que los egresos hacia terceros sumaron $749.935.913.
La investigación también detectó una transferencia de $150.000 realizada por Marchioni a Catriel Taubenschlag el 8 de mayo de 2023, destinada a una cuenta individual de Brubank cuyo titular y CUIT coincidían con los datos de Taubenschlag, quien se encontraría fuera del país y no pudo ser detenido.
La maniobra investigada por Lacki tiene una particularidad: parte de la estructura habría sido montada aprovechando la vulnerabilidad de personas que estaban bajo la órbita institucional del Patronato de Liberados. Según la hipótesis fiscal, desde fines de 2023 y hasta al menos agosto de 2024, Mangini, que se desempeñaba como funcionaria pública y tenía funciones vinculadas con la Oficina de Coordinación del Patronato de Liberados, habría utilizado su posición para identificar y abordar a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica o bajo tutela judicial. La propuesta era sencilla y tentadora para quienes necesitaban dinero: $80.000 a cambio de entregar sus datos personales, fotografiarse y permitir un “escaneo del ojo”.
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