Nuevo juez reactiva la causa contra Insaurralde y Cirio con 29 medidas de prueba

Juan Tomás Rodríguez Ponte, el nuevo juez federal de Lomas de Zamora, dictó una batería de 29 medidas de prueba en la causa que investiga a Martín Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y Sofía Clerici por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La decisión, tomada a pedido de los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, reactiva la investigación patrimonial y la pista uruguaya del caso.

Entre las medidas, el juez ordenó solicitar a Uruguay los movimientos completos de dos cuentas a nombre de Insaurralde desde su apertura, y el análisis de más de 100 líneas telefónicas con detalle de llamadas, antenas y geolocalización desde 2009. Además, revocó una resolución del juez anterior que había acotado el período de información requerida a Uruguay entre 2009 y 2023.

Rodríguez Ponte, que asumió recientemente en el juzgado, hizo lugar al pedido de reposición de los fiscales, quienes consideraron que el recorte temporal era “contradictorio e infundado”. La Fundación Poder Ciudadano acompañó el planteo y recordó que en el expediente se investigan hechos anteriores a 2009, como las obras públicas de la empresa DOIO S.R.L. en Lomas de Zamora y la compra de un inmueble en Fincas de San Vicente, cuyo pago data de mayo de 2006.

El requerimiento a Uruguay alcanza a dos cuentas: la cuenta custodia de valores N° 100344, abierta en GMC Securities Agente de Valores S.A., y la cuenta N° 04696093 del ABN Amro Bank N.V. Sobre ambas, el juzgado reclamó información de titulares, legajos de apertura, detalle de valores custodiados, movimientos históricos, beneficios percibidos y la situación actual.

En cuanto al rastreo telefónico, el juez ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) requerir a las prestadoras el detalle de llamadas, mensajes y sesiones de datos, incluyendo la identificación de antenas y la geolocalización. La medida busca determinar, por ejemplo, si cuando Cirio firmó el supuesto préstamo de 250.000 dólares a Insaurralde, los teléfonos de ambos estaban en el mismo lugar.

La batería de medidas también incluye pedidos de informes al Renaper, la Anses, la Superintendencia de Seguros, la Compensadora Electrónica (Coelsa), la Sociedad Rural Argentina y los hipódromos de La Plata, Mar del Plata y Palermo. Además, se requirieron extractos bancarios de varias entidades, el folio real de un departamento en Lomas de Zamora, legajos de vehículos y la facturación de la sociedad Sasaxa Libero ante ARCA.

El juez también pidió un informe a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la actuación del escribano que certificó la firma de Cirio en la donación que le hizo a Insaurralde en enero de 2023, y reiteró un requerimiento sin respuesta al Casino Victoria SA y a Desarrollos Turísticos Victoria SA.

La resolución encuadra provisoriamente el objeto de la investigación en cinco hipótesis de lavado: ocultamiento de activos mediante estructuras societarias, financiamiento de gastos personales y viajes, transferencia informal de patrimonio, tenencia de efectivo y bienes de lujo sin respaldo fiscal, y posible vinculación con juegos de azar.

En paralelo, el juez rechazó el planteo de nulidad de la defensa de Insaurralde contra el cotejo scopométrico de la Policía Federal que comparó videos aportados por LA NACION con los inmuebles allanados. También dejó sin efecto la prohibición de salida del país que pesaba sobre Sofía Clerici y citó a declarar como testigo a Nicolás Silvera, representante de la Fundación Apolo, para el 14 de septiembre.