Inmigración

Doral firmó un acuerdo con ICE tras la presión de DeSantis: "Nuestra policía no colaboró en ninguna redada"

La alcaldesa Christi Fraga reconoció que avanzó con el convenio 287(g) ante la amenaza de sanciones estatales, aunque aseguró que la policía local no participó de operativos migratorios.

Redacción••3 min de lectura
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Qué se sabe del acuerdo de Doral con el ICE y la presión de DeSantis para facilitar redadas masivas

La ciudad de Doral, en el sur de Florida, firmó un acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) después de que las autoridades estatales advirtieran sobre posibles sanciones para los funcionarios que no cooperaran con la aplicación de las leyes migratorias. Así lo confirmó la alcaldesa Christi Fraga, quien sostuvo que la ciudad actuó bajo esa presión y no por iniciativa propia.

En una entrevista con Telemundo 51, Fraga explicó que la interpretación que hicieron las autoridades locales de las normas estatales aprobadas en 2025 las llevó a avanzar con el convenio. Al ser consultada sobre si había actuado bajo advertencia del gobernador de Florida, Ron DeSantis, respondió de manera afirmativa y mencionó alertas del fiscal general estatal, James Uthmeier.

"Nuestra policía no ha colaborado con ICE en ninguna redada", aseguró la alcaldesa. También afirmó que Doral no envió agentes a recibir el entrenamiento vinculado con el acuerdo y diferenció los operativos federales que se desarrollan en la ciudad de las acciones de su propio Departamento de Policía.

Los documentos oficiales muestran que el temor a posibles sanciones formó parte de los argumentos que usó Doral para autorizar la cooperación con ICE. La Resolución 25-120, aprobada por unanimidad el 16 de abril de 2025, facultó al administrador de la ciudad para fijar un memorando de entendimiento con la agencia federal. El convenio 287(g), bajo el modelo Task Force, se firmó después, el 7 de enero de 2026.

La resolución cita opiniones de Uthmeier sobre las obligaciones de las autoridades locales de no impedir la comunicación ni la cooperación de las fuerzas de seguridad con las agencias federales de inmigración. Según esos criterios, una infracción del Capítulo 908 de los estatutos estatales podía implicar sanciones civiles y penales, además de la remoción del cargo. El documento también establece que el acuerdo debía brindar asistencia operativa vinculada con la aplicación de las leyes migratorias "en la medida necesaria" para cumplir con las normas de Florida.

El antecedente se remonta al 15 de enero de 2025, cuando DeSantis presentó una serie de propuestas antes de una sesión legislativa especial sobre inmigración. Entre las medidas para ampliar la participación de Florida en la aplicación de las leyes migratorias federales, el gobernador propuso exigir la "máxima participación" en el programa 287(g) y establecer sanciones frente al incumplimiento, incluida la suspensión de funcionarios. Ese programa permite que ICE delegue determinadas funciones de control migratorio a autoridades estatales y locales que participan mediante acuerdos con la agencia federal.

La resolución de Doral también hizo referencia a dos leyes que DeSantis firmó el 13 de febrero de 2025 y a la autorización para que las fuerzas de seguridad recibieran capacitación y aprobación de ICE para desempeñar determinadas funciones migratorias.

El alcance de la obligación específica de que una policía municipal suscribiera un acuerdo 287(g) generó diferencias entre autoridades locales. El alcalde de South Miami, Javier Fernandez, sostuvo que su ciudad no firmó uno de esos convenios y que no sufrió las consecuencias que habían sido planteadas por funcionarios estatales. Fraga marcó la misma diferencia y cuestionó por qué otras ciudades que no avanzaron con un acuerdo no recibieron las sanciones advertidas inicialmente.

La presión sobre las autoridades de Doral para poner fin al acuerdo 287(g) aumentó en los últimos días. Exfuncionarios, dirigentes locales y organizaciones defensoras de inmigrantes reclamaron que la ciudad termine su participación en el programa. Fraga no confirmó que vaya a hacerlo: explicó que envió una carta al fiscal general de Florida para solicitar una determinación oficial sobre las obligaciones legales de la ciudad y que esperará esa respuesta antes de definir sus próximos pasos.

La discusión ocurre en medio de la preocupación por los operativos migratorios en Doral. Comerciantes consultados por CBS News Miami atribuyeron a la presencia de agentes migratorios una reducción de clientes y, en algunos casos, reportaron caídas de hasta un 70% en las ventas.

Por qué importa

El caso expone cómo las amenazas de sanciones estatales empujan a los municipios de Florida a cooperar con ICE, incluso cuando sus autoridades locales dicen no haber participado en operativos. La decisión afecta a la comunidad inmigrante de Doral y a los comercios de la zona, que ya reportan fuertes caídas en las ventas.

Qué sigue

Fraga espera una determinación oficial del fiscal general de Florida, James Uthmeier, sobre las obligaciones legales de la ciudad. Esa respuesta definirá si Doral mantiene o pone fin al acuerdo 287(g) con ICE.

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