EE.UU. desbarata red de matrimonios falsos por green card: cobraban US$40.000

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a seis personas de Massachusetts por integrar una red que organizaba matrimonios falsos para que extranjeros indocumentados obtuvieran la green card. La organización operó durante más de una década y cobraba entre US$38.000 y US$40.000 por cada caso, con un promedio de 18 a 20 uniones simuladas al año.

Los cargos incluyen conspiración para dar refugio a inmigrantes ilegales, dar refugio a inmigrantes ilegales, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. Según la acusación, la líder del grupo pagaba a ciudadanos estadounidenses para que se casaran con clientes indocumentados y presentaran documentación falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

Para dar apariencia de legitimidad a las uniones, la mujer instruía a sus clientes sobre cómo tomarse fotografías estilo selfie, abrir cuentas bancarias conjuntas y contratar pólizas de seguro de vida. Les aseguraba que la documentación del matrimonio simulado estaría lista en tres o cuatro meses y les exigía firmar contratos para abonar por sus servicios.

Las pruebas reunidas por la investigación federal incluyen una grabación en la que la acusada dirigía la impresión y firma de un contrato de préstamo simulado y aceptaba un pago inicial de US$3000 en efectivo. En ese registro le indicó al cliente que el documento omitía a propósito mencionar al cónyuge porque hacerlo sería incriminatorio.

Los clientes solían pagar además US$500 mensuales a su supuesto cónyuge o a alguien cercano para sostener el matrimonio ficticio. La líder del grupo habría acumulado cientos de miles de dólares, que destinó a comprar inmuebles y negocios en la República Dominicana, y gastó más de US$120.000 en beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP.

En las grabaciones obtenidas durante la pesquisa, la acusada recomendaba a sus clientes instalarse en Massachusetts por su condición de estado santuario. "Massachusetts es el mejor lugar para ti. Eso es un hecho. Creo que puedes estar bien, porque este estado es santuario. A Trump no le gusta este estado, porque el gobierno de aquí nos defiende mucho", le dice a uno de ellos, según el expediente.

Los seis imputados enfrentan penas de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta US$250.000 por los cargos de refugio a indocumentados. Las acusaciones por fraude matrimonial contemplan hasta cinco años de cárcel y multas individuales de US$250.000.

La fiscal federal Leah B. Foley remarcó el alcance de la investigación: "Espero que hoy los acusados y otros como ellos se den cuenta de que el sueño americano no está a la venta, se gana. Y cuando intenten apropiarse indebidamente de él para obtener ganancias, los haremos responsables".

El caso se suma a un contexto de controles más estrictos sobre los beneficios migratorios en Estados Unidos, donde el Uscis endureció los requisitos del TPS y avanza sobre solicitudes de residencia permanente ya otorgadas.