EE.UU.: imputan a 28 residentes con green card por fraude electoral en California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos penales contra 28 extranjeros residentes en California acusados de irregularidades electorales. Los imputados tienen green card, el documento que acredita la residencia permanente, pero ese estatus no les otorga el derecho a votar en elecciones estadounidenses. Las denuncias se tramitaron en los cuatro distritos judiciales federales del estado.

Entre los procesados hay nueve ciudadanos mexicanos y tres guatemaltecos, según informó el gobierno federal. Los primeros residen en localidades como La Puente, Wilmington, Carson, Sacramento, Fresno, Kerman, Clovis y Petaluma. La lista de imputados se completa con personas de otros países, cuyas nacionalidades no fueron detalladas en el anuncio.

Las autoridades sostienen que algunos de los acusados volvieron a dar información falsa durante sus trámites de naturalización, al negar que se hubieran registrado para votar, que se hubieran presentado como ciudadanos o que hubieran participado en elecciones. Ese punto es central en la causa: la green card habilita a vivir y trabajar de forma permanente, pero no convierte a su titular en votante habilitado.

"California está enviando boletas electorales por correo a personas que no son ciudadanas estadounidenses y se niega a cumplir con la ley federal, que tipifica como delito el voto de los no ciudadanos", declaró el primer fiscal adjunto de EE.UU., Bill Essayli. "El derecho al voto de los estadounidenses debe ser protegido", agregó.

Los delitos investigados incluyen la presentación de declaraciones falsas en solicitudes de naturalización y el registro fraudulento de votantes. Según la información difundida, estas imputaciones pueden contemplar penas de hasta cinco años de prisión federal. Algunos acusados también enfrentan cargos por haber votado sin contar con la ciudadanía. La presentación de cargos no equivale a una condena: la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.

"La División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) está comprometida con la protección de la integridad del proceso electoral de nuestra nación", dijo John A. Condon, director ejecutivo asociado interino del HSI. "En colaboración con nuestros socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo a quienes violen a sabiendas la ley federal", completó.

La causa se enmarca en la operación federal "Protect the Vote", que abrió además una disputa con las autoridades de California. El gobierno federal informó que el 13 de octubre entregó al estado una lista de más de 20.000 personas consideradas posibles no ciudadanas dentro de los registros electorales. La identificación se habría hecho cruzando padrones públicos con bases de datos federales de documentos de identidad y registros migratorios.

El DOJ pidió que las boletas por correo asociadas a esas personas fueran apartadas hasta comprobar su ciudadanía. Ante la negativa de California, el gobierno federal presentó una demanda para obtener una orden judicial que permitiera reservar los votos cuestionados antes del recuento. El conflicto se suma a otras tensiones sobre el alcance de los controles migratorios y electorales, como las restricciones para residentes permanentes y los operativos de ICE en campus de California.

"Cada uno de los 28 acusados figura en la lista de personas que probablemente no sean ciudadanas registradas", afirmó el fiscal general adjunto interino Trent McCotter. "Los cargos presentados hoy demuestran con precisión lo que esa negativa pone en riesgo. California debe verificar la ciudadanía de esas más de 20.000 personas registradas antes de que se cuenten los votos por correo", remarcó.