Demanda contra Uscis por citar a menores migrantes a entrevistas de asilo con menos de 24 horas

Seis organizaciones sin fines de lucro que representan a menores migrantes no acompañados presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por las modificaciones en los procedimientos de asilo. La acción se radicó el 15 de octubre ante el Tribunal de Distrito de Maryland y busca frenar medidas que, según los demandantes, aceleran las deportaciones sin garantizar una defensa adecuada.

El caso, identificado como The Door v. Edlow, apunta al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), entre otras autoridades federales. Las entidades sostienen que las nuevas disposiciones reducen el tiempo para preparar las entrevistas y restringen los aplazamientos.

Uno de los ejes centrales del reclamo son las citaciones para entrevistas de asilo afirmativo que pueden llegar con menos de 24 horas de anticipación. Según la presentación judicial, esa modalidad reemplazó la práctica anterior de avisar con al menos 21 días de margen, lo que complica coordinar la asistencia legal y reunir la documentación de cada caso.

La demanda también cuestiona un cambio aplicado el 21 de agosto, cuando el Uscis sustituyó el criterio de “buena causa” por el de “circunstancias excepcionales” para evaluar los pedidos de reprogramación. Para las organizaciones, esa modificación limita las chances de mover una cita incluso cuando los abogados tienen compromisos simultáneos en distintas oficinas.

Los representantes legales afirmaron que la agencia rechazó pedidos de aplazamiento motivados por conflictos de agenda. El nuevo estándar exige acreditar situaciones específicas para justificar el cambio de fecha, lo que impide responder de manera adecuada a citaciones recibidas con poca anticipación. En el mismo sentido, se objeta el requisito de presentar pruebas al menos 14 días antes de la entrevista, aunque la normativa permite excepciones a discreción de las autoridades. La medida alcanza a informes médicos, declaraciones y otros elementos que respaldan una solicitud de asilo.

La presentación también pone el foco en las entrevistas virtuales a menores bajo custodia migratoria. Según los demandantes, algunas comparecencias se programaron sin aviso suficiente a los representantes legales y las autoridades instruyeron acelerar las decisiones posteriores. El contexto de estas políticas se enmarca en un endurecimiento más amplio de los trámites migratorios, como las restricciones a la green card que ya enfrentan otro tipo de cuestionamientos judiciales.

“El gobierno está desmantelando políticas y garantías legales de larga data para acelerar las deportaciones de niños inmigrantes”, aseguró Laura Nally, directora del Programa Infantil del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, en un comunicado. “Estas protecciones existen porque el Congreso reconoció que los menores no acompañados no pueden representarse a sí mismos de manera efectiva ante los tribunales de inmigración”, agregó.

Las organizaciones también impugnaron una directiva de la EOIR que fija el 31 de enero de 2027 como fecha límite para concluir los procedimientos de deportación de menores no acompañados detenidos. De acuerdo con el reclamo, ese calendario restringe las posibilidades de pedir aplazamientos y preparar la defensa antes de las audiencias.

La demanda describe el efecto conjunto de estas disposiciones como un sistema de resolución acelerada de casos migratorios. Las entidades advirtieron que los niños pueden quedar expuestos a decisiones sobre su permanencia en Estados Unidos sin tiempo suficiente para explicar los riesgos que enfrentarían si regresaran a sus países de origen.

“El gobierno está priorizando la deportación acelerada de niños por encima de todo lo demás, incluyendo el debido proceso y la protección infantil”, dijo Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence. En sintonía con este tipo de litigios, otras demandas ya buscan frenar las nuevas trabas al ajuste de estatus impulsadas por la agencia.

Las entidades pidieron al tribunal que deje sin efecto las políticas del Uscis sobre los avisos de entrevistas y el requisito de circunstancias excepcionales. También solicitaron anular la directiva de la EOIR que fija el plazo del 31 de enero de 2027 para finalizar los casos de menores detenidos. “Ha quedado claro que la administración actual está llevando a cabo un esfuerzo coordinado y multifacético para atacar a los menores no acompañados y a sus familias”, sostuvo Jessica Richardson, abogada directora del Proyecto de Menores.