El Estado deberá pagar millonarios honorarios a abogados de Cristina Kirchner por una causa que dejó caducar

El Estado argentino enfrenta el pago de cerca de 10 millones de dólares en honorarios a los abogados de Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Vialidad, luego de que una demanda civil impulsada por Vialidad Nacional caducara por falta de actividad procesal. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad del juicio, que buscaba recuperar fondos para el Estado.

La inacción comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y se consolidó en la administración actual, según el fallo. El Estado, que aún no logró decomisar los 587 millones de dólares dispuestos en la causa penal, ahora deberá afrontar un nuevo gasto millonario para los contribuyentes.

El abandono del juicio por parte del demandante, en este caso el Estado, derivó en la pérdida de una acción de gran magnitud. La responsabilidad institucional, según el análisis judicial, no puede atribuirse a un solo signo político, sino que evidencia un problema más profundo en la defensa del patrimonio público.

El Estado cuenta con organismos jurídicos, funcionarios y recursos financiados por los contribuyentes para proteger sus intereses. Cuando por negligencia procesal se pierde una causa y se generan honorarios millonarios, la responsabilidad política no alcanza. Es necesario investigar las causas del abandono y determinar quiénes fueron los responsables de no impulsar el expediente.

En este caso, resulta imprescindible establecer qué funcionarios debían actuar, por qué no lo hicieron y qué mecanismos de control fallaron. La pérdida de dinero público por abandono no es un hecho menor: cuando el Estado pierde, el dinero que se pierde es de todos los argentinos.

La decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal abre un interrogante sobre la eficiencia de la gestión estatal en la defensa de sus intereses. Mientras tanto, los abogados de la defensa de Cristina Kirchner podrían reclamar el cobro de sus honorarios, que deberán ser solventados con fondos públicos.