Alberto Fernández habló en la Di Tella y reavivó el debate sobre la memoria cívica

El expresidente Alberto Fernández participó de un encuentro con estudiantes en la Universidad Torcuato Di Tella, en la ciudad de Buenos Aires, y las imágenes que él mismo difundió después de la actividad reabrieron el debate sobre cómo la sociedad argentina procesa el legado de sus gobernantes. La reunión, según las crónicas, abordó temas controvertidos de su gestión.

La aparición pública se produce mientras Fernández enfrenta graves procesos judiciales, entre ellos uno por denuncias de violencia contra su expareja. La presunción de inocencia rige para esos expedientes, pero el juicio político y moral sobre su trayectoria pública sigue abierto y no depende de una sentencia.

Pocos expresidentes argentinos terminaron su mandato con un descrédito semejante. Su gestión dejó un balance económico desastroso, una sucesión de declaraciones desafortunadas y una exhibición de subordinación política frente a quienes lo habían llevado al poder. A eso se sumó la celebración de un cumpleaños en la residencia presidencial mientras millones de argentinos atravesaban severas restricciones sanitarias.

El manejo de la pandemia merece un capítulo aparte. Las demoras en la provisión de vacunas, la apuesta inicial por proveedores con credenciales dudosas y la falta de explicaciones sobre las oportunidades perdidas y las prioridades elegidas todavía no fueron aclaradas. El escándalo del vacunatorio VIP agregó a esa emergencia una manifestación intolerable de privilegio.

Tampoco puede olvidarse su actitud frente a la Justicia. Durante el juicio de la causa Vialidad, Fernández pronunció palabras ominosas sobre el fiscal Diego Luciani, a quien recordó públicamente la suerte corrida por Alberto Nisman. El propio Luciani señaló que debió defender los intereses generales frente a la corrupción mientras el poder político intentaba doblegar a otro poder del Estado. La independencia judicial no es una preferencia partidaria: es una condición esencial de la democracia, como se discutió también en torno a la relación entre la Corte Suprema y el poder político.

En ese contexto, un grupo de estudiantes decidió invitarlo a conversar. Los estudiantes tienen derecho a escuchar a quien deseen, incluso a los protagonistas de los mayores fracasos de la vida pública. Una universidad debe preservar la libertad de pensamiento y la confrontación de ideas, aunque no está obligada a ofrecer una tribuna a cualquier personaje.

Las imágenes difundidas por el propio Fernández lo muestran sonriente, rodeado de estudiantes y posando para selfies. No corresponde reprochar a los jóvenes su cortesía ni presumir que esas fotos expresan admiración. Pero el uso posterior de esas imágenes permite advertir cómo una reunión universitaria puede convertirse en instrumento de rehabilitación pública, más allá de las intenciones de sus organizadores.

Las democracias necesitan algo más que tribunales para preservar sus valores. La responsabilidad penal exige pruebas y sentencias. La responsabilidad política y moral pertenece a otro orden: se construye con memoria, juicio crítico y la capacidad de distinguir entre quienes honraron la función pública y quienes la degradaron.

Una democracia no debe borrar a sus malos gobernantes ni prohibirles aparecer en público. Debe recordar sus actos, estudiar sus errores y exigirles explicaciones. El problema no es que Alberto Fernández haya entrado en una universidad: es que una sociedad que olvida demasiado pronto corre el riesgo de confundir el acceso a un ámbito prestigioso con la recuperación del prestigio personal.

Nadie tiene derecho a impedirle hablar. Pero haber sido presidente no exime a Fernández de rendir cuentas por su conducta ni obliga a la sociedad a honrarlo. La libertad de expresión protege su derecho a hablar de lo que quiera y a callar lo que le convenga. La memoria cívica, en cambio, debe impedir que el olvido le devuelva una autoridad moral que sus propios actos destruyeron.