El Gobierno busca que la Corte frene la mudanza de la AFA a un predio vacío en Pilar

La Sala D de la Cámara Nacional en lo Civil debe decidir en los próximos días si habilita la llegada a la Corte Suprema de la pelea judicial por la mudanza de la sede social de la AFA a un predio baldío en Pilar. El Gobierno nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Procuración del Tesoro, objeta el traslado impulsado por el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

En un escrito de 37 páginas firmado por la apoderada de la IGJ, el Ministerio de Justicia y el procurador Sebastián Amerio, el recurso sostiene que la decisión de la Cámara “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina”. Además, advierte que se instala “un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.

Para los representantes del Estado, la justicia civil convalidó erróneamente un cambio de domicilio decidido unilateralmente por la AFA con el fin de sustraerse al control societario de la IGJ. Ese organismo había identificado graves irregularidades en los papeles de la entidad y falta de información administrativa y financiera en varios balances, incluso la ausencia de presentación de algunos de ellos, obligatorios por ley.

Los apoderados le piden a la Corte que intervenga en base a cinco agravios federales. Entre ellos, la “arbitrariedad” de la sentencia de la Cámara Civil que aceptó la mudanza. La AFA, en tanto, afirmó que “no existe cuestión federal alguna que habilite la competencia excepcional de la Corte” y añadió que el fallo de los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset no negó “la existencia de las facultades legales de la IGJ, no declaró la invalidez de las normas que las establecen ni privó al organismo de ninguna de sus atribuciones”, sino que examinó “si, en las circunstancias concretamente comprobadas en la causa, habían sido ejercidas dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”.

Justamente eso es lo que reclama el Gobierno: que Tapia y su equipo manipularon un supuesto cambio de sede para sustraerse a los controles de la IGJ. La discusión de fondo gira alrededor del traslado desde la histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, hacia un predio en Pilar. Predio y no inmueble, porque en la dirección que la AFA denuncia como sede apenas hay un cartel clavado en medio del pasto.

El traslado fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de la AFA el 17 de octubre de 2024 y luego inscripto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La Cámara Nacional en lo Civil entendió que el control de legalidad de la Asociación pasó a la provincia de Buenos Aires. Pero nada de eso fue convalidado por la IGJ, cuyo visto bueno es necesario para que la mudanza de distrito no sea cuestionada por fraudulenta.

El Estado nacional planteó que el fallo que avaló la mudanza convalidó “un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado” y cuestionó que se haya aceptado el traslado pese a la “inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar, al momento de la fiscalización”. La AFA aseguró que la acusación carece de sustento y sostuvo que, una vez inscripto el cambio de jurisdicción, el control permanente sobre la entidad quedó radicado en la provincia de Buenos Aires.

Además de pedir que no se conceda el recurso extraordinario, la entidad dejó asentado que si la Cámara habilita la instancia federal, solicitará a la Corte Suprema que confirme el fallo que anuló la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también la resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que había designado veedores en la AFA por 180 días.