El Gobierno simplifica trámites para la minería y ordena el registro de proveedores
La Secretaría de Minería puso en marcha el Registro de Inversiones Mineras, articuló el régimen con el RIGI y digitalizó la devolución del IVA para exploración.

El Gobierno avanzó con una reforma de los procedimientos del régimen de inversiones mineras, en un contexto de mayores expectativas por los proyectos de cobre y litio. La Secretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Economía, puso en marcha el Registro de Inversiones Mineras (RIM), estableció nuevas reglas para proyectos y proveedores, articuló el régimen con el RIGI y digitalizó la devolución del IVA para la exploración.
La medida se formalizó a través de la modificación del Anexo de la Resolución 30/2018, que reglamenta la Ley de Inversiones Mineras 24.196, y su adecuación al Decreto 482/2026.
Uno de los principales cambios es la creación del RIM, que concentrará la información de los beneficiarios del régimen y permitirá identificar cada proyecto de manera individual. Las empresas quedarán registradas por CUIT y cada emprendimiento recibirá un código único, incluso si una misma compañía tiene varios proyectos.
La reforma también incorpora reglas específicas para los proveedores de servicios mineros, con requisitos de inscripción, permanencia y actualización dentro del régimen, así como la obligación de constituir un domicilio legal electrónico.
Además, se establecieron mecanismos para vincular el régimen de la Ley 24.196 con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De esta forma, los proyectos que estén incorporados al régimen minero y luego accedan al RIGI podrán mantener su continuidad registral entre ambos sistemas. Se trata de dos marcos diferentes: la Ley 24.196 es el régimen específico de promoción de la actividad minera desde la década de 1990, mientras que el RIGI está destinado a grandes inversiones que cumplen ciertos requisitos de monto y ejecución.
La modificación también incorpora los procedimientos para la presentación y validación del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO), de acuerdo con las exigencias de la Ley General del Ambiente.
En paralelo, la Secretaría de Minería y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificaron el procedimiento para solicitar la devolución del crédito fiscal del IVA correspondiente a la exploración minera. A través de la Resolución General 5879/2026, el mecanismo que regía desde 2004 será reemplazado por una tramitación digital mediante el Sistema Integral de Recupero (SIR) de ARCA, la misma plataforma utilizada para otros reintegros fiscales, como las devoluciones de IVA a exportadores.
Para las compañías exploradoras, esta etapa implica inversiones antes de que exista producción y, por lo tanto, ingresos provenientes de la explotación del yacimiento. La Secretaría de Minería quedará encargada de certificar técnicamente que los gastos, bienes y servicios declarados estén vinculados con proyectos de exploración formalmente inscriptos, mientras que el trámite fiscal se realizará a través de ARCA.
Los cambios llegan en un momento en que aumentó el gasto destinado a buscar nuevos recursos minerales en el país. Según datos oficiales, la inversión anual en exploración pasó de niveles de entre US$ 100 millones y US$ 200 millones entre 2014 y 2021 a alrededor de US$ 400 millones anuales en el período reciente. Actualmente, hay 74 empresas activas dedicadas a tareas exploratorias.
La Argentina, sin embargo, registra todavía una densidad de perforación de entre 3 y 5 metros por kilómetro cuadrado, frente a entre 10 y 20 metros en países vecinos como Chile, de acuerdo con las cifras difundidas por la Secretaría.
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