El organismo que manejaba Mahiques en la Ciudad beneficia a un ladero de Tapia con un contrato millonario

Una empresa del secretario general de la AFA y ladero del "Chiqui" Tapia, Cristian Ariel Malaspina, fue recomendada como preadjudicataria en una licitación del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires, que concede un contrato de casi 180 millones de pesos por una consultoría sobre inteligencia artificial. El organismo que lleva adelante la contratación es el que tenía a cargo Juan Bautista Mahiques antes de asumir como ministro de Justicia de la Nación, en marzo de este año. Y la empresa favorecida es la única que presentó una oferta.

Se trata de DataCloud SA, firma que Malaspina fundó y en la que figura como director titular y presidente. En el directorio de la misma, su padre Pedro Malaspina aparece como director suplente.

Según el documento oficial de la Licitación Pública N° 10/26, la apertura del proceso que se encamina a la adjudicación fue el 2 de julio de este año. Contemplaba un presupuesto de 180 millones de pesos, un monto apenas superior a los 179.685.000 de pesos, la oferta única de la empresa de Malaspina, quien junto a Tapia está investigado en la causa por una millonaria evasión impositiva de la AFA.

La preadjudicación fue recomendada el 28 de julio pero ese dictamen recién fue publicado este lunes 10 de agosto en el registro de Compras del MPF. No se especificaron los detalles y objetivos de la consultoría contratada. Tampoco los plazos para la asignación definitiva del ganador.

Fue un informe de la Oficina de Sistemas Informáticos y Modernización (OSIM), el que dio el visto bueno. El dictamen fue firmado digitalmente por los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO): Mariano Bértola, María Florencia Borrelli y Federico Matías Compeano.

Los miembros de la Comisión expresaron que la empresa de Malaspina cumple con una serie de puntos exigidos para ser contratada. Entre ellos, una estructura real de costos, la garantía de mantenimiento de oferta y la falta de deudores alimentarios morosos entre sus directivos.

“La solución ofertada por la firma DataCloud SA cumple con los requerimientos técnicos”, dictaminaron.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Ley N° 2.095 -Ley de compras y contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires- y el Decreto N° 2023-129, la Comisión cumple una función crucial en el proceso de licitación, ya que, aunque sus dictámenes no tienen carácter vinculante a la hora de adjudicar el contrato, sí tiene la capacidad de preadjudicar parcialmente todos los renglones a licitar. Es el punto en el que se encuentra la empresa del ladero de Tapia.

Juan Bautista Mahiques fue fiscal general porteño (a cargo del MPF) desde 30 de octubre de 2019 hasta el 4 de marzo de este año, cuando pasó al Ministerio de Justicia nacional con el amparo de Karina Milei. En paralelo, construyó vínculos con "Chiqui" Tapia, que lo eligió como vicerrector de la Universidad de la AFA mientras el fiscal era promovido para integrar tribunales éticos en la Conmebol y la FIFA.

El camino para dar con el reemplazo del ahora funcionario de Javier Milei en la Ciudad se inició este miércoles con la postulación formal de Javier Martín López Zavaleta, quien era su número dos y formalmente adjunto. La iniciativa fue elevada directamente por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Para concretarse su asunción, se requiere una mayoría de dos tercios de los votos de la Legislatura porteña.

No es la primera vez que la empresa del ladero de "Chiqui" Tapia en la AFA se beneficia con contratos del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, donde Mahiques fue un funcionario de primera línea. El 26 de septiembre de 2024, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) porteño -otro organismo judicial de la Ciudad- formalizó la contratación de DataCloud SA por un monto de 85.000 dólares, equivalentes a 84.022.500 de pesos al tipo de cambio oficial de ese momento. El contrato, derivado de la Licitación Pública N° 23/24, garantizaba el servicio de alojamiento de servidores en la nube por un periodo de doce meses. Nuevamente, la oferta de la empresa de Malaspina fue la única en presentarse.

En total la empresa podría facturar, por lo menos, unos 263.707.500 de pesos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hace años que la vida de Malaspina se divide entre dos facetas, la empresarial y la de dirigente dentro del fútbol argentino, rol que lo llevó a ser investigado judicialmente. Sus inicios en los servicios informáticos fueron con la fundación de DataWise SA en 2011, descrita como una empresa dedicada a soluciones informáticas, consultoría y soporte.

Aunque la constitución oficial de DataCloud SA fue publicada en el Boletín Oficial en marzo de 2021, el propio empresario confesó, en una entrevista con BAE Negocios, que durante la pandemia del COVID-19 ya se encontraba operando bajo una nueva firma: "En la pandemia con DataCloud multiplicamos por 10 la facturación", declaró en 2020.

Por otro lado, desde 2015 es presidente de Argentinos Juniors, cargo que lo catapultó diez años después, a ser designado como secretario general de la AFA, donde está en la actualidad, como ladero fiel de la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia. Su relación con el presidente es más que buena. Le reconocen los planes de pago que avaló la AFA para un club que en 2015 estaba fuertemente endeudado. Malaspina fue uno de los asambleístas que votó por la reelección de Tapia en el sillón de la calle Viamonte y participó en las reuniones clave donde se consolidó su continuidad frente a la entidad que acumula cuestionamientos por los manejos de los fondos de la Selección y diversas causas judiciales que involucran a sus principales dirigentes.

Tapia y Malaspina, como parte de la cúpula de la AFA, debieron presentarse en los tribunales federales a raíz de la causa a cargo del juez Diego Amarante, del fuero Penal y Económico. Allí se los acusó por los delitos de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, ambos en carácter agravado. La investigación, que surge de una denuncia de ARCA, se centró en la presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en concepto de IVA, Ganancias y aportes entre 2024 y 2025.