Florida: la norma sobre licencias CDL que el ICE usa para detener inmigrantes en las rutas

Los conductores extranjeros que trabajan en el transporte comercial en Estados Unidos enfrentan un cerco regulatorio cada vez más ajustado. Los cambios federales sobre las licencias comerciales no domiciliadas (CDL) se combinan con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y con nuevas exigencias en Florida. Los controles alcanzan estaciones de pesaje, áreas de descanso y paradas de camiones, donde las autoridades verifican documentación, estatus migratorio y validez del permiso.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa) modificó los requisitos para obtener o renovar una CDL desde el 16 de marzo. El nuevo esquema federal limita las categorías migratorias aceptadas: solo pueden cumplir con las condiciones determinados trabajadores con visas H-2A, H-2B o E-2.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD) dejó de ser considerado suficiente para acreditar la elegibilidad. La modificación golpea a trabajadores que antes usaban ese documento para respaldar su licencia, entre ellos beneficiarios de DACA, personas con TPS, refugiados y solicitantes de asilo.

La regulación también fijó nuevos procedimientos para la emisión, renovación, duplicado, modificación y restitución de estas licencias. Los trámites deben hacerse de manera presencial y las autoridades estatales tienen que comprobar la situación migratoria del interesado mediante el sistema federal SAVE.

Los conductores deben presentar un pasaporte extranjero vigente acompañado por un formulario I-94 o, cuando corresponda, un I-797A. Una notificación I-797C no alcanza por sí sola bajo los requisitos federales. La vigencia de una CDL no domiciliada puede llegar a un año o extenderse hasta el vencimiento del I-94, según cuál de los dos plazos llegue primero. Si la verificación determina que el conductor ya no reúne las condiciones, las autoridades estatales deben quitar el permiso en un máximo de 30 días.

Florida agregó cambios propios a las modificaciones federales. La reforma CS/CS/CS/SB 290 comenzó a regir el 1° de julio, después de recibir la aprobación del gobernador Ron DeSantis y del Senado estatal. La legislación estableció nuevas condiciones para los exámenes destinados a obtener una CDL.

Recibir o proporcionar ayuda no autorizada durante la prueba teórica sobre normas de tránsito o durante el examen de lectura y comprensión de señales puede constituir un delito menor de segundo grado. La disposición contempla consecuencias tanto para quien recibe asistencia como para quien facilita respuestas, con sanciones que incluyen multas y penas de prisión.

La nueva normativa se vincula con operativos del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre ellos Highway Shield e ICE Wall. Las inspecciones se concentran en lugares donde los camioneros deben detenerse, como estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros de transporte de carga.

Durante esos procedimientos, los agentes pueden solicitar la CDL, documentos de identidad y comprobantes relacionados con el estatus migratorio. También se verifica el cumplimiento de las condiciones federales aplicables a quienes conducen vehículos comerciales, incluido el requisito relacionado con el dominio del inglés.

Si una licencia dejó de cumplir los criterios federales o fue anulada, el conductor puede quedar fuera de circulación y enfrentar una intervención migratoria. Así, los controles sobre las credenciales profesionales se combinan con la verificación del estatus de los trabajadores.

Los controles se intensificaron después de un accidente mortal ocurrido en Florida, tras el cual fue desplegado el operativo denominado ICE Wall. Según la información difundida por medios locales, la iniciativa derivó en cientos de detenciones de conductores inmigrantes y en el cierre de varias escuelas dedicadas a la capacitación para obtener una CDL.

Los cambios de la Fmcsa fueron cuestionados ante los tribunales. La Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C. escuchó los argumentos de las partes el 15 de septiembre, en una disputa judicial que sigue abierta y que podría redefinir el alcance de las reglas.