Francia: masiva protesta contra el ajuste de 54.000 millones de euros

Entre 206.000 y más de 300.000 manifestantes salieron este martes a las calles de Francia para rechazar el plan de austeridad del gobierno, que prevé congelar los salarios de los funcionarios y aplicar un ahorro de 54.000 millones de euros. La protesta, convocada por una alianza inédita de ocho sindicatos, se desplegó en más de 170 concentraciones en todo el país y quedó a 48 horas de la presentación del proyecto de presupuesto 2027 ante la Asamblea Nacional.

El Ministerio del Interior informó que participaron unas 206.000 personas y que hubo al menos 440 detenidos. La CGT, central obrera de orientación comunista, elevó la cifra a más de 300.000 asistentes. La jornada estuvo encabezada por CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC y FA-FP, una coalición que reunió a los gremios más combativos con los reformistas, algo poco habitual en el país.

En el centro del reclamo está el índice salarial, la unidad que se usa para calcular la remuneración de millones de empleados públicos. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció que volverá a congelarse en 2027, después de mantenerse sin cambios desde 2023. En la práctica, el próximo año no habrá ningún aumento general en los tres ámbitos de la administración pública: el Estado, las administraciones locales y el sector sanitario.

Para los sindicatos, la medida profundiza la pérdida de poder adquisitivo tras varios años de inflación y agravará las dificultades de contratación en profesiones que ya tienen problemas para atraer personal. "Este presupuesto es peligroso para el país", advirtió Sophie Binet, secretaria general de la CGT, en plena manifestación. La dirigente lanzó un ultimátum: según ella, el gobierno dispone de 48 horas para rectificar antes de la presentación oficial del texto.

La congelación forma parte de un plan de austeridad de magnitud excepcional. El Ejecutivo prevé un esfuerzo presupuestario de 54.000 millones de euros para reducir el déficit público por debajo del 5% del PBI en 2027, un objetivo que considera indispensable para estabilizar las finanzas y mantener credibilidad ante sus socios europeos y sus acreedores.

Los empleados públicos no marcharon solos. Organizaciones de estudiantes universitarios y de secundaria se sumaron al movimiento por medidas que aumentarían la carga económica de los jóvenes, como la posible congelación de las ayudas al alquiler (APL), la revisión del precio de la comida a un euro en los comedores universitarios y un aumento de las tasas de matrícula. Los jóvenes denuncian ataques contra la educación superior y un agravamiento de la precariedad estudiantil.

La presencia de bomberos y policías fue especialmente notable: esas profesiones rara vez se asocian con los grandes movimientos sociales e ilustran la magnitud del malestar en todo el sector público. Bomberos, policías, docentes y agentes de France Travail exigen contrataciones estatutarias masivas y un plan ambicioso de refinanciación. Denuncian falta de personal y una carga de trabajo creciente que, según ellos, pone en peligro la calidad del servicio a la ciudadanía.

El gobierno esgrime el estado de las cuentas públicas. El mismo día de la movilización, el INSEE publicó sus últimas cifras: a finales de junio, la deuda pública francesa ascendía a 3,595 billones de euros, el 119% del PBI, su punto más alto desde 1946. El endeudamiento aumentó en 59.600 millones de euros en el segundo trimestre, tras un alza de 75.800 millones en el primero. El propio gobierno prevé que la deuda alcance el 121,7% del PBI en 2027, más del doble del límite del 60% que fijan las normas europeas.