Adiós a Greg Abbott: qué propone Gina Hinojosa sobre el ICE en Texas

Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, asumirá el Ejecutivo estatal en enero de 2027 con la promesa de revisar la colaboración del estado con el ICE, el servicio federal de inmigración y control de aduanas. La demócrata derrotó a Greg Abbott en las elecciones generales del martes 3 de noviembre y deberá cumplir ese compromiso dentro de un marco legal que le deja poco margen de maniobra.

Durante la campaña, Hinojosa se comprometió a modificar el uso de recursos estatales en tareas migratorias, aunque reconoció límites legales. Antes de que asuma, la ley estatal SB 8 exige que determinados alguaciles gestionen convenios migratorios con el gobierno federal antes del 1° de diciembre de 2026.

Qué propuso Hinojosa sobre la colaboración con el ICE

En una entrevista, la gobernadora electa cuestionó la participación del Departamento de Seguridad Pública (DPS) en tareas migratorias. Consultada sobre si terminaría con esa cooperación, respondió: “Yo no voy a hacer nada en contra de la ley”.

La entonces candidata prometió revisar el destino de los recursos de seguridad y detener el uso de personal estatal para ayudar en centros de detención administrados por compañías privadas. Sus declaraciones describieron cambios de gestión, sin detallar un mecanismo para cancelar todos los acuerdos entre autoridades locales y federales.

El alcance de esas promesas será determinante para las comunidades inmigrantes en Texas. Como explicó Armando Olmedo, asesor jurídico de TelevisaUnivision, un cambio de administración estatal no impide que el ICE continúe con la aplicación de las leyes federales. El funcionario federal mantiene sus propias competencias, más allá de quién gobierne en Austin.

Qué exige la SB 8 a los alguaciles antes de diciembre de 2026

La SB 8 obliga a solicitar y celebrar acuerdos de cooperación migratoria a los alguaciles de condados que operan una cárcel o contratan a una empresa privada para administrarla. Estos convenios, conocidos como 287(g), autorizan funciones de aplicación de la legislación federal de inmigración dentro del alcance pactado.

La norma entró en vigor el 1° de enero de 2026 y fijó el 1° de diciembre como fecha límite para cumplir la obligación. Por eso, el plazo vencerá durante la gestión de Abbott, antes de la asunción prevista de Hinojosa. La norma también exige asignar personal y fondos para ejecutar los acuerdos celebrados.

Cuando un alguacil solicita un convenio pero no consigue formalizarlo, debe reiterar el pedido al menos anualmente y acreditar sus intentos ante el fiscal general. Esa exigencia deja registro de cada gestión y habilita un control posterior sobre el cumplimiento.

Qué margen tendría el fiscal general y por qué seguirían los operativos del ICE

Olmedo señaló que el fiscal general, que hasta enero de 2027 sigue siendo el republicano Ken Paxton, dispone de margen para decidir si demanda a los alguaciles por incumplimiento. La sección 753.154 respalda esa distinción: establece que puede iniciar una acción judicial, sin imponerle hacerlo automáticamente.

Esa facultad corresponde a la fiscalía general; por sí sola, su falta de ejercicio tampoco deroga la obligación legal. El abogado también explicó que eliminar una ley requiere la intervención de ambas cámaras legislativas y la firma de la gobernadora. Una decisión del Ejecutivo estatal, por tanto, tendría límites frente a las normas aprobadas.

El escenario texano se suma a un debate más amplio sobre el rol de las policías locales en la aplicación de las leyes migratorias. Las cámaras corporales del ICE en Texas y las críticas de Hinojosa al operativo del ICE marcaron la discusión durante la campaña.