Ingram, el pueblo de Texas que entregó al ICE al 10% de su población en menos de un año

Ingram, una localidad de Texas de unos 1900 habitantes, entregó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) una cantidad de personas equivalente al 10% de su población en menos de un año, tras sumarse en octubre de 2025 al programa de cooperación policial 287(g). Hasta agosto de 2026, la policía local registró 194 “incidentes relacionados con la inmigración”, según declaró el jefe del departamento, Dustin Breshears.

El funcionario tampoco pudo precisar si cada entrega a las autoridades federales terminó en una deportación. La distinción resulta relevante porque por Ingram circulan trabajadores de otras localidades y la investigación documentó tanto expulsiones como mudanzas de familias hacia Kerrville y San Antonio, sin un recuento poblacional posterior que permita medir cuántos residentes dejaron el municipio.

Los latinos representan cerca del 45% de los habitantes. En octubre de 2025, los dos patrulleros locales realizaron 162 controles de tránsito en 20 días; en dos meses superaron las intervenciones vehiculares de todo el año anterior.

Ingram adoptó el modelo de fuerza de tarea del programa 287(g). Según ICE, esta modalidad habilita a policías designados a ejercer facultades migratorias limitadas durante sus labores habituales, bajo supervisión federal. Otras variantes funcionan dentro de cárceles o permiten ejecutar órdenes administrativas sobre personas que ya están bajo custodia.

La preparación exigida aporta otra dimensión sobre esa delegación de funciones: una ficha oficial de ICE establece un curso virtual de 40 horas, con contenidos sobre legislación migratoria, derechos civiles, responsabilidades y procedimientos de queja. También exige al menos dos años de experiencia policial a los candidatos.

El agente Jaron Alexander propuso explorar el convenio. La investigación señaló que los incentivos anunciados en septiembre de 2025 incluían apoyos para vehículos y equipo, además de mecanismos para financiar salarios y horas extra. El contexto se enmarca en un avance de los acuerdos locales con el ICE, como el debate sobre permisos laborales en Texas y las tarifas que ICE cobra a detenidos.

Uno de los casos documentados ocurrió el 28 de diciembre de 2025, cuando Alexander detuvo a Ulices Macias, esposo de Joanna Martinez. Antes de que ICE se lo llevara, pudo despedirse de su bebé de dos semanas y de su hijastro; después, Martinez regresó con sus hijos a la casa de su madre por dificultades económicas.

El impacto también alcanzó los desplazamientos laborales. Algunos trabajadores agregaron 90 minutos diarios a sus recorridos para evitar los controles sobre Junction Highway, mientras otros comenzaron a dormir en las propiedades donde trabajaban.

Los pedidos diarios para llevar del restaurante Los Altos de Jalisco bajaron de 200 a 50. La empresaria de limpieza Norma Luján relató que su equipo pasó de 30 personas a menos de diez, entre detenciones y temor a circular por Ingram.

Breshears y Alexander rechazaron ante los periodistas que persiguieran a conductores por su origen latino. Mientras las familias y empresas describían las consecuencias de los operativos, seguía sin precisarse cuántos de los 194 incidentes registrados habían terminado en deportaciones.