ICE cobrará US$5300 a inmigrantes con orden de deportación detenidos desde el 16 de octubre
El DHS oficializó el ajuste por inflación del año fiscal 2027: también alcanza a extranjeros inadmisibles interceptados entre puertos de entrada.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzará a cobrar una tarifa de US$5300 a determinados inmigrantes con orden de deportación que sean detenidos en Estados Unidos a partir del 16 de octubre. La medida fue oficializada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en una notificación publicada el 1° de octubre en el Registro Federal y forma parte de los ajustes por inflación del año fiscal 2027.
El nuevo importe se aplicará a las personas que recibieron una orden de deportación en ausencia y luego fueron arrestadas por agentes del ICE. Es decir, extranjeros que no asistieron a sus procedimientos de expulsión y contra quienes un juez de inmigración emitió una resolución conforme a la sección 240(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
La disposición incluye una segunda categoría: inmigrantes considerados inadmisibles que sean detenidos entre puertos de entrada al país. En esos casos, tanto el ICE como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrán determinar y recaudar el importe. La medida corresponde a la sección 100017 de HR-1 y alcanza a quienes son considerados inadmisibles bajo la sección 212 de la INA.
El cobro se enmarca en el endurecimiento del control migratorio que ya afecta a trabajadores en las rutas: la norma que el ICE usa para detener a migrantes en las rutas sigue generando detenciones fuera de los cruces habilitados. En paralelo, el organismo busca ampliar sus acuerdos con sheriffs locales para multiplicar las interceptaciones.
El incremento responde al mecanismo de actualización anual por inflación que establece la One Big Beautiful Bill Act, identificada como HR-1 y promulgada el 4 de julio de 2025. La tarifa arrancó en US$5000 el 8 de septiembre de 2025, subió a US$5130 el 1° de diciembre de ese año y ahora llega a US$5300.
Para calcular el ajuste, el organismo utilizó el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U). El indicador pasó de 323,048 puntos en julio de 2025 a 333,918 en julio de 2026. Con esos valores, la autoridad federal aplicó un multiplicador de 1,03365 sobre el importe anterior.
La operación produjo un resultado de US$5302,62, que luego se redondeó hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano, conforme al procedimiento establecido por la legislación. Así, el incremento respecto de la tarifa vigente durante el año fiscal 2026 es de US$170.
La sección 100016 de HR-1 contempla una excepción para quienes logren que se anule su orden de expulsión dictada en ausencia. La legislación establece dos situaciones que permiten solicitar la reapertura del procedimiento, un camino que en la práctica requiere asistencia legal y plazos acotados.
El procedimiento de cobro continuará mediante notificaciones individuales a las personas alcanzadas. El DHS informó que enviará las comunicaciones correspondientes e incluirá instrucciones para realizar el pago de los importes aplicables desde el 16 de octubre. La medida se suma a otras decisiones que complican la situación de los migrantes, como el freno a residencias permanentes y los cuestionamientos por las condiciones de detención en distintos centros.
Por qué importa
La tarifa convierte una orden de deportación en una deuda de miles de dólares para quienes ya enfrentan detención y procesos de expulsión. Afecta a migrantes sin representación legal y presiona sobre sus familias para reunir el pago.
Qué sigue
El DHS empezará a enviar notificaciones individuales con instrucciones de pago a partir del 16 de octubre. Queda por ver cómo se aplicará la excepción para quienes logren anular su orden de expulsión en ausencia.
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