Inhabilitaron a un futbolista por deuda de cuota alimentaria
La Justicia de Santa Fe ordenó a una liga regional que prohíba jugar al deportista hasta que regularice el pago a su hija.


Un futbolista de Santa Fe quedó inhabilitado para participar en competencias oficiales tras una orden judicial por incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria de su hija. La medida, dispuesta por el Juzgado de Familia de San Lorenzo, es inédita en la región y marca un antecedente en el uso de restricciones deportivas como mecanismo de coerción contra deudores alimentarios.
La Liga Regional Totorense de Fútbol recibió el oficio judicial N° 1052 que ordena la inhabilitación del jugador Carlos Emanuel S., quien milita en el Club Atlético San Genaro. La sanción rige para cualquier institución afiliada a la Liga hasta que exista una resolución judicial que la deje sin efecto.
Según información disponible, la causa fue promovida por la madre de la menor con patrocinio del abogado Javier Schuster. La demandante denunció el incumplimiento del pago establecido en abril de 2022 y solicitó específicamente que se impidiera al padre participar en competencias deportivas mientras no abonara lo adeudado.
El juez Marcelo Escola, de los tribunales de San Lorenzo, fundamentó la decisión citando criterios de la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes y eficaces para proteger el interés superior del niño. En su resolución, el magistrado remarcó que se trata de "un progenitor moroso e incumplidor de su obligación alimentaria respecto de su hija".
La medida se enmarca en las acciones judiciales que buscan garantizar el pago de obligaciones alimentarias mediante restricciones administrativas y deportivas como mecanismo de cumplimiento. Si bien existen antecedentes de inhabilitaciones para salir del país, utilizar cuentas bancarias o renovar licencias de conducir, la aplicación de sanciones deportivas en ligas regionales del interior resulta poco habitual.
El fallo generó fuerte repercusión en el ambiente deportivo de la región por su carácter innovador. La mayoría de los actores del medio lo interpreta como una acción legal válida en el marco de las herramientas disponibles para forzar el cumplimiento de responsabilidades parentales.
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