Jorge Julio López: 20 años sin respuestas por la desaparición del testigo clave

Se cumplen 20 años de la desaparición de Jorge Julio López, el albañil que declaró contra el represor Miguel Etchecolatz y que fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, el mismo día en que estaba citado a los alegatos de ese juicio por delitos de lesa humanidad. Dos décadas después, la investigación no tiene imputados ni una hipótesis sostenida con evidencia concreta. "Lamentablemente, no sabemos nada", resumió su hijo mayor, Rubén López.

La causa, caratulada "López, Jorge Julio s/desaparición forzada de persona", acumula más de 50 cuerpos y miles de fojas, y pasó por las manos de cinco jueces. Hoy tramita en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, con la instrucción delegada desde 2009 en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, que conduce el fiscal Hernán Schapiro desde agosto de 2018.

La expectativa reciente se concentró en el análisis de cerca de 10 millones de llamadas telefónicas del período previo y posterior a la desaparición. La tarea está a cargo de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) desde 2019 y enfrenta obstáculos por la incompatibilidad de sistemas entre la Policía Bonaerense, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El viernes último, tras cuatro años sin reunirse, Rubén López y su abogado, Alfredo Gascón, fueron convocados por Schapiro. El fiscal informó que la depuración de esos registros habría comenzado a arrojar datos de interés que permitirían identificar a personas y abrir una nueva línea de investigación. Los nombres surgidos del análisis se mantienen bajo reserva.

En paralelo sigue activo el mecanismo de búsqueda de López entre cuerpos NN en todo el país. La Unidad Fiscal trabaja con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Se concluyó el estudio de 66 tumbas con cadáveres NN del Cementerio de La Plata, dispuesto en 2021, sin datos útiles. Tampoco dio resultados el cotejo, en abril último, de un cuerpo que permanecía en la morgue del Hospital Posadas desde enero de 2007 y que durante años se sospechó que podía ser López.

La familia espera señales del gobierno de Javier Milei sobre el cumplimiento de una solución amistosa alcanzada a fines de 2023 con el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese acuerdo, rubricado el 30 de octubre de 2023 por el entonces secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, el Estado reconoció su responsabilidad por no haber protegido al testigo y por las deficiencias en la investigación y la búsqueda. El documento fue homologado por decreto firmado por el presidente Alberto Fernández el 9 de diciembre, horas antes de dejar el poder.

El acuerdo prevé un acto público de reconocimiento, un informe integral sobre la búsqueda, el fortalecimiento de políticas de protección a testigos y el impulso de una Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en democracia. También establece que la indemnización sea fijada por un tribunal integrado por un representante del Estado, uno de la familia y un tercero designado de común acuerdo con intervención de la CIDH.

"Hoy ese acuerdo no se está cumpliendo", aseguró Gascón. Rubén López agregó: "Desde la asunción de Milei, nadie del Gobierno se comunicó con nosotros". En tribunales señalan que fue retirado un equipo de investigadores de la PSA que apoyaba la pesquisa.

López había sido secuestrado antes, la noche del 27 de octubre de 1976, de su casa de Los Hornos, durante la dictadura. Su testimonio resultó clave en el juicio contra Etchecolatz y podía ser determinante en otras causas por crímenes de lesa humanidad. Su segunda desaparición, ya en democracia, marcó un antes y un después en la causa por la verdad.