La Libertad Avanza impulsa juicio político contra la jueza que frenó el régimen penal juvenil

La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará un juicio político contra la jueza Marta Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en territorio bonaerense. La medida, que iba a permitir imputar a menores desde los 14 años, fue frenada por la magistrada del departamento judicial de Lomas de Zamora. El partido que preside Sebastián Pareja considera que el fallo "atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación".

Pareja, diputado nacional y presidente de LLA bonaerense, sostuvo que Pascual "piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política" y la acusó de actuar como "peón del gobernador" Axel Kicillof. "Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando", afirmó en un comunicado difundido este lunes.

El dirigente libertario también cuestionó la postura de la magistrada en relación con la seguridad. "Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, solo protegen a los delincuentes", remarcó. Para LLA, la crisis de inseguridad en la provincia responde a ese modelo judicial.

El partido cuenta con 20 diputados y diez senadores bonaerenses, lo que lo convierte en la principal fuerza opositora al oficialismo de Kicillof. Sus legisladores provinciales, junto con un equipo técnico, ya trabajan en la presentación formal contra Marta Elba Pascual.

El proceso de juicio político en la provincia de Buenos Aires comienza con una denuncia ante la Secretaría de Enjuiciamiento del Senado, cuyo titular es Ulises Giménez, apoderado del Partido Justicialista. Cualquier ciudadano o institución puede presentar la acusación. Luego, la denuncia debe atravesar audiencias públicas con presentación de pruebas y debate oral.

Si el caso llega a juicio, el jurado estará presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y lo integrarán diez conjueces sorteados: cinco legisladores abogados y cinco abogados de la matrícula propuestos por los colegios provinciales. El último antecedente fue la destitución de la jueza María Julieta Makintach, el 18 de noviembre del año pasado, por autorizar la filmación de un documental en la sala de audiencias durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Sin embargo, un legislador con experiencia en el mecanismo de juicio político consideró que el caso de Pascual podría llevar mucho más tiempo que el de Makintach, ya que la evidencia en su contra no sería tan contundente como para justificar una suspensión inmediata.