Bullrich y Jorge Macri redoblan la embestida contra una jueza por el régimen penal juvenil

Una jueza porteña declaró la inconstitucionalidad de un artículo clave de la nueva ley de régimen penal juvenil y desató una fuerte reacción política. La senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, cuestionaron con dureza la decisión y anticiparon que pedirán el juicio político de la magistrada. La norma, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, entró en vigencia el 5 de septiembre y ya acumula presentaciones judiciales en contra.

La jueza Laura Beatriz de Marinis, titular del juzgado penal juvenil, contravencional y de faltas N° 3, sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de un intento de robo en la Ciudad y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27.801, el que fija el alcance del nuevo régimen para personas de 14 a 18 años.

Bullrich apuntó contra el fallo con una frase que resumió su postura: "Es muy difícil construir un país normal así". La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, que impulsó la ley cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, sostuvo que hay jueces "más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas" y remarcó que "estos jueces garantistas solo construyen impunidad".

Jorge Macri fue más allá y anunció que el Gobierno porteño reclamará el juicio político de De Marinis. "Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político", escribió el mandatario en su cuenta de X. También afirmó que "la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito" y aseguró que no pedirá "perdón por defender a los porteños de bien".

En su resolución, la jueza declaró la inconstitucionalidad solo del artículo 1 de la ley 27.801, que establece el objeto de la norma. Entre sus argumentos planteó la necesidad de dar una respuesta social desde el Estado, con educación, contención y salud, en lugar del castigo penal para jóvenes cuyas trayectorias estuvieron marcadas por la vulneración de derechos básicos.

El nuevo régimen ya había sufrido otro revés judicial. El lunes 7 de septiembre, la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó suspender durante 60 días la aplicación de la normativa tras hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe.

Sin embargo, el 15 de septiembre la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó ese fallo por considerar que hubo "una intromisión indebida en las facultades de otro poder del Estado" y ordenó a la magistrada revisar su propia competencia para seguir interviniendo en la causa.

La embestida política contra De Marinis profundiza la disputa entre el oficialismo y un sector del Poder Judicial por la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad. El caso reabre el debate sobre los alcances del nuevo régimen y sobre los límites entre la decisión judicial y la política criminal del Gobierno.