Lyft pagará US$272,5 millones para cerrar una demanda por la clasificación de sus conductores

Lyft acordó pagar 272,5 millones de dólares para cerrar una demanda que la acusaba de violar la ley de California al clasificar a sus conductores como contratistas independientes en lugar de empleados. La empresa informó el acuerdo en una presentación regulatoria ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En el documento, la compañía sostuvo que el arreglo le permitirá evitar los "costos y la distracción de un litigio prolongado" y mantener el foco de la gerencia en sus objetivos de negocio. Lyft no respondió a los pedidos de comentario.

La causa se originó en una demanda presentada en agosto de 2020 por la Oficina del Comisionado Laboral de California, que acusó a Lyft de tratar a los conductores como contratistas en lugar de empleados, como exigía la ley estatal en ese momento. Según la acusación, los choferes quedaron privados del salario mínimo, las horas extra y otras protecciones, como licencia por enfermedad paga y pagos salariales en tiempo y forma.

"Este acuerdo tiene que ver con los trabajadores que dieron un paso al frente y hablaron. Sus voces hicieron posible este resultado", afirmó la comisionada laboral de California, Lilia García-Brower, en un comunicado. La funcionaria agregó que su oficina renunciará a su parte del acuerdo y destinará esos fondos a los conductores que presentaron reclamos salariales.

El acuerdo, que todavía debe ser aprobado por un juez, cubre presuntas violaciones cometidas entre el 6 de abril de 2016 y el 15 de diciembre de 2020, un período en el que California debatía si los trabajadores de la economía de plataformas eran contratistas o empleados.

Hoy, los conductores de servicios de transporte por aplicación como Lyft y Uber están clasificados como contratistas después de que los votantes aprobaran en 2020 la Proposición 22. Esa medida creó una excepción a la Ley de la Asamblea 5, una norma estatal de 2019 que obligaba a empresas como DoorDash, Lyft y Uber a clasificar a los trabajadores de plataformas como empleados, con derecho al salario mínimo, la compensación por accidentes laborales y otros beneficios.

Incluso después de que la ley entrara en vigencia, Lyft, Uber y otras compañías que dependían de trabajadores de plataformas siguieron clasificando a sus conductores como contratistas. Eso derivó en acciones legales de la oficina laboral, la fiscalía general de California y los fiscales de las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco, además de demandas privadas presentadas bajo la Ley de Fiscales Generales Privados del estado. Los casos se coordinaron en la Corte Superior de San Francisco en septiembre de 2021.

El acuerdo cierra este capítulo judicial, al menos para Lyft. Uber todavía enfrenta una demanda de la oficina laboral con acusaciones similares.