Mamdani, Bragg y DCWP unen fuerzas contra el robo de salarios y estafas a inmigrantes en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg Jr., y el comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP), Samuel A.A. Levine, anunciaron una nueva asociación para combatir el robo de salarios, el acoso a inquilinos y las estafas dirigidas a inmigrantes. La iniciativa, formalizada el 20 de agosto, busca coordinar esfuerzos entre distintas áreas gubernamentales.

Mediante un memorando de entendimiento, el DCWP y la oficina del fiscal de distrito compartirán información, datos y estrategias de investigación. El objetivo es acelerar la identificación de quienes perjudican a trabajadores, arrendatarios e inmigrantes, y avanzar con acciones penales y civiles de manera más eficiente.

El acuerdo contempla tres áreas principales: el robo de salarios, el acoso contra inquilinos y los fraudes dirigidos a inmigrantes. Las autoridades señalaron que la cooperación permitirá abordar estos delitos de forma más integral, sin que cada organismo actúe por separado.

“Si alguien te roba el salario, te acosa para sacarte de tu casa o te estafa por tu situación migratoria, eso es un delito, y vamos a perseguirlo como tal. DCWP y la oficina del fiscal de distrito de Manhattan ahora están compartiendo expedientes, compartiendo pistas y avanzando juntos”, afirmó Mamdani en el comunicado oficial.

El memorando establece que ambas oficinas podrán intercambiar información, incluso confidencial, cuando sea necesario para impulsar investigaciones, siempre respetando las leyes aplicables. También coordinarán acciones investigativas y podrán avanzar simultáneamente mediante procedimientos penales y civiles, aunque cada organismo conservará su autoridad independiente.

Uno de los focos centrales son las estafas contra inmigrantes relacionadas con los llamados “notarios”. El DCWP tiene entre sus responsabilidades regular a los proveedores de servicios de asistencia migratoria (ISPs), que cobran por ayudar en trámites. El problema surge cuando estos proveedores cobran tarifas excesivas o inducen a error a sus clientes.

El anuncio también incluye una campaña de difusión en todo el distrito, con participación de organizaciones locales de derechos laborales, protección al consumidor e inmigración. El propósito es informar a los habitantes sobre sus derechos y las herramientas disponibles frente a posibles abusos.