Mamdani demanda a Trump por la regla de carga pública que afecta la green card

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con una coalición de gobiernos locales, presentó una demanda federal contra la ampliación de la regla de carga pública, que permitiría considerar una lista más amplia de beneficios públicos al evaluar solicitudes de residencia permanente. La normativa está prevista para comenzar a aplicarse el 18 de septiembre.

La presentación se realizó el 14 de septiembre ante un tribunal federal de Manhattan y cuestiona la regulación que aplicarán los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) al analizar solicitudes de ajuste de estatus. La acción fue impulsada por Nueva York junto con Chicago, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y el condado de Santa Clara.

En paralelo, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, impulsa otra demanda contra la misma regulación. Ambas acciones buscan evitar que la disposición entre en vigencia el próximo 18 de septiembre.

“La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa.

La coalición sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y modificó el concepto histórico de carga pública. También afirma que la administración federal actuó de manera arbitraria y no cumplió con los procedimientos requeridos para establecer cambios sustanciales en las reglas migratorias.

Mamdani y el asesor jurídico municipal Steve Banks señalaron que el efecto de las nuevas políticas de la administración Trump podría alcanzar a familias que necesitan atención médica, programas de nutrición o asistencia habitacional.

“Ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente”, dijo Banks.

La ciudad fundamenta parte de su reclamo en el impacto que tendría la medida sobre una población inmigrante numerosa. Según los datos incluidos en la demanda, Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de Estados Unidos, equivalentes al 38% de su población.

La nueva regulación rescinde el esquema establecido en 2022 y concede a los funcionarios mayor margen para valorar las circunstancias de cada persona. “Las familias que sigan cumpliendo todos los requisitos para recibir prestaciones sufrirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos lo pagarán”, cuestionó Mamdani.

El análisis no se limitará a determinar si alguien recibió un beneficio. El Uscis deberá considerar de manera conjunta factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, los activos, la situación financiera, la educación y las habilidades.

La modificación afecta principalmente a las personas que soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card, tanto mediante determinadas categorías familiares como laborales. Para estos casos, la fecha del envío de la solicitud será relevante frente a la entrada en vigor de la nueva regulación.

Los solicitantes que presenten el I-485 de manera electrónica o cuyo formulario tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior deberán utilizar la nueva edición, fechada el mismo día. También se modificaron las disposiciones relacionadas con las fianzas de carga pública mediante los I-945 e I-356.

La legislación mantiene excepciones para distintos grupos. Entre ellos figuran refugiados, asilados, solicitantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), víctimas de determinados delitos o trata mediante visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales, entre otras categorías protegidas.