El ICE detuvo a un inmigrante en California y dejó su camioneta encendida en el estacionamiento

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a un inmigrante en un estacionamiento de Corona, California, en un operativo que quedó registrado por un testigo. Tras el arresto, la camioneta que conducía el hombre quedó abandonada en el lugar con el motor encendido y un teléfono móvil que seguía recibiendo llamadas.

El episodio ocurrió en medio de cuestionamientos a los métodos que utilizan los oficiales federales en Estados Unidos. Quien filmó la escena describió la intervención como obra de “agentes encubiertos del ICE” y advirtió que el vehículo seguía funcionando cuando los funcionarios se retiraron con el detenido.

Durante el procedimiento, el hombre cuestionó que los agentes actuaran en una propiedad privada. En el registro audiovisual se escuchan intercambios verbales entre la persona que filma y los funcionarios, mientras la camioneta permanecía estacionada con los vidrios bajos.

“El auto todavía está encendido. Alguien está llamando también”, advirtió el testigo. Junto a otras personas presentes buscó la forma de comunicarse con los familiares del detenido para informarles lo sucedido. Los allegados acudieron después al estacionamiento para hacerse cargo del vehículo.

El caso se produjo en un contexto de expansión de las detenciones migratorias. Según cifras oficiales, el ICE registró 49.571 arrestos en todo el país durante julio, un aumento del 70% respecto de febrero. En el mismo período, las detenciones informadas en Los Ángeles llegaron a 1.179, mientras que en el área de San Francisco alcanzaron las 890, un incremento superior al 60% frente a febrero.

También se informó sobre el operativo denominado Safe California, una intervención de 45 días que habría comenzado en San Diego y avanzado hacia Los Ángeles y San Francisco. Las denuncias sobre estas acciones sostuvieron que las instrucciones contemplaban arrestos de inmigrantes sin estatus regular, incluso cuando no tenían antecedentes penales. El despliegue forma parte de un programa de vigilancia migratoria que amplió sus herramientas de seguimiento.

A comienzos de octubre, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes reportaron más de 100 detenciones durante operativos en California. La Unión de Trabajadores Agrícolas afirmó haber registrado 60 arrestos en una sola jornada en el Valle Central, con intervenciones concentradas en zonas agrícolas cercanas a Fresno.

Entre las principales críticas hacia los operativos figuran el uso de ropa de civil, máscaras y vehículos sin identificación visible, además de denuncias sobre detenciones sin orden judicial. Activistas también señalaron consecuencias para trabajadores, vendedores ambulantes y familias, en línea con los controles migratorios en aeropuertos que se multiplicaron en los últimos meses.

El fiscal general de California, Rob Bonta, encabezó una coalición de 21 estados y el Distrito de Columbia que presentó un escrito judicial en apoyo de una impugnación contra determinadas prácticas del ICE. La presentación corresponde al caso Escobar-Molina v. DHS, ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia.

El planteo sostiene que la legislación federal permite ciertos arrestos migratorios sin orden judicial solo cuando se cumplen requisitos específicos, entre ellos la existencia de motivos fundados y una evaluación individual del riesgo de fuga antes de obtener una orden. La coalición cuestiona que esas condiciones no se respeten en determinadas intervenciones.

El documento también advierte sobre posibles efectos en el acceso a la justicia, la asistencia escolar, la atención sanitaria y la actividad económica. Entre los datos citados figura una caída del 28% en las llamadas de emergencia a la Policía de Los Ángeles después de los operativos, atribuida al temor de algunas personas a entrar en contacto con las autoridades.

“La administración Trump ha emprendido un programa de deportación masiva agresivo y militarista, sin ningún respeto por la humanidad ni la dignidad de las personas”, dijo Bonta en un comunicado.