Vivienda

Maricarmen podrá volver a su casa de Madrid tras el desalojo que desató protestas

La abogada de la jubilada de 87 años confirmó un preacuerdo con el fondo propietario para que regrese bajo un nuevo contrato de alquiler

Redacción••3 min de lectura
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Tras las protestas en Madrid, la abogada de Maricarmen dijo que la mujer podrá regresar a su departamento

La abogada de María del Carmen Abascal, la jubilada de 87 años conocida como Maricarmen que fue desalojada de su casa en el distrito madrileño de Retiro, anunció este martes que su clienta podrá regresar a su vivienda bajo una nueva oferta del fondo propietario. El desalojo, concretado el 23 de septiembre, había desatado una ola de protestas y acampes en el centro de Madrid.

La letrada Beatriz Duro explicó en una conferencia de prensa que hubo “buena voluntad por ambas partes” y que Maricarmen pagará un monto similar de alquiler bajo un nuevo contrato. La propuesta fue presentada el lunes por la noche por Urbagestión, el fondo dueño del inmueble. Hasta el momento, la mujer no se pronunció públicamente sobre el acuerdo y se desconoce si ya lo aceptó.

Maricarmen fue sacada de su casa en camilla, una escena que provocó manifestaciones en todo el país. Cientos de personas montaron un acampe en la céntrica Puerta del Sol, con imágenes que recordaron las protestas de 2011 contra las medidas de austeridad durante la crisis de deuda española.

“Nunca tendría que haber sido posible que saliera de su vivienda”, dijo Duro a la prensa. “Espero que su caso sirva para dar una respuesta colectiva a la crisis de vivienda”, agregó. La abogada celebró la propuesta de la empresa, pero criticó a Urbagestión por haberse negado hasta hace poco a negociar y acusó a las autoridades locales, regionales y nacionales de no dar una respuesta adecuada al problema habitacional en España.

Los activistas reclaman reformas legales, entre ellas la congelación de los alquileres y la renovación automática de los contratos sin subas abusivas. Este martes, el gobierno de Pedro Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos hasta 2030 y establecer la renovación automática de los contratos.

Maricarmen residía en ese departamento desde hacía 70 años. La vivienda fue adquirida por la empresa inversora, que pretendía imponerle un fuerte aumento del alquiler. La mujer se encuentra hospitalizada en el centro Gregorio Marañón, donde le realizan pruebas médicas, acompañada por su primo Vicente, de 78 años, y su sobrina Vanesa.

“Creo que todos me conocen. Yo no los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a mucha de la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar ahí con ustedes, acompañarlos en su acampada, en su lucha, pero no tengo esa suerte”, dijo la octogenaria en un mensaje grabado difundido por el Sindicato de Inquilinas el domingo.

Decenas de manifestantes acumulan noches acampando en el centro de Madrid contra la crisis de vivienda, decididos a “seguir presionando” al gobierno de Sánchez. Las protestas tomaron nivel internacional después de que 200 activistas por la vivienda de más de 20 países de Europa se sumaran a las manifestaciones y a la acampada. Participaron militantes de Irlanda, Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido, Grecia, Rumanía y Suiza, con la intención de expandir el reclamo a sus países.

El sábado, unas 30.000 personas marcharon por Madrid bajo el grito “las casas son para vivir, no para invertir”. El caso de Maricarmen puso de relieve la creciente presión sobre los inquilinos de larga duración en las principales ciudades españolas, donde el aumento vertiginoso de los alquileres, la gentrificación y la escasez de viviendas asequibles avivaron las tensiones sociales y políticas. España tiene un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco de España, y solo se construyen unas 120.000 por año, una sexta parte del nivel previo a la crisis financiera de 2008.

“He vivido aquí 71 años. No me quiero ir”, había declarado Maricarmen a los periodistas en vísperas del desahucio. Duro afirmó que los funcionarios judiciales y los representantes del fondo se negaron a suspender el desalojo pese a un recurso pendiente, a los pedidos humanitarios y a las pruebas de que las autoridades públicas buscaban garantizarle un alojamiento alternativo.

Por qué importa

El caso de Maricarmen expone la crisis de vivienda en España, con alquileres en alza y desalojos de inquilinos de larga duración. El gobierno de Sánchez respondió con un plan para frenar los desalojos hasta 2030, una señal de presión social sobre la política habitacional.

Qué sigue

Resta saber si Maricarmen acepta formalmente la oferta de Urbagestión y cuándo podría volver a su casa. También queda por ver cómo avanza el plan oficial para paralizar los desalojos hasta 2030 y si las protestas en Madrid se sostienen.

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