Nueva York: la ley COPA de Mamdani abre la compra de edificios a organizaciones comunitarias
El alcalde firmó la norma que obliga a los dueños a ofrecer primero sus edificios a organizaciones sin fines de lucro certificadas antes de salir al mercado.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó el 10 de noviembre de 2026 la Ley de Oportunidad de Compra Comunitaria (COPA, por sus siglas en inglés), que obliga a los dueños de ciertos edificios de apartamentos a ofrecer primero la compra a organizaciones sin fines de lucro certificadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD). La norma busca que las comunidades puedan quedarse con los inmuebles antes de que salgan al mercado abierto.
El Concejo Municipal aprobó la norma por 38 votos contra 9. Las estimaciones oficiales sobre la cantidad de edificios alcanzados van de 2.100 a 3.400, un universo acotado dentro del vasto parque de viviendas de la ciudad.
La ley se aplica a edificios residenciales de cuatro o más unidades que, al iniciarse una venta, cumplan al menos una de las condiciones previstas. Quedan excluidos los edificios de cinco unidades o menos en los que el dueño vive de forma permanente.
Podrán comprar las organizaciones certificadas por el HPD, exentas de impuestos federales según la sección 501(c)(3), y las empresas conjuntas que ellas controlen. Un comunicado de la ciudad menciona también a grupos de inquilinos, aunque el texto exige certificación como organización sin fines de lucro. Es un punto que emparenta esta herramienta con otras iniciativas de vivienda asequible impulsadas en la ciudad, como la firma de la ley COPA que ya había generado expectativa entre las entidades comunitarias.
Antes de iniciar cualquier acción de venta, el dueño debe notificar al HPD y a todas las entidades certificadas. Desde ese aviso corren los plazos: 20 días para que las organizaciones expresen interés y 70 días para que presenten una oferta sobre el inmueble.
Vender sin notificar implica una multa de hasta 15% del precio de venta, y las organizaciones pueden demandar por daños. Los propietarios pueden pedir una exención por dificultad financiera indebida, una válvula de escape prevista en el texto.
La ley no contempla un aviso directo a los inquilinos: las notificaciones van al HPD y a las entidades certificadas. Esa ausencia es uno de los flancos que marcan los críticos de la norma, que cuestionan el impacto sobre los propietarios pequeños y medianos.
El dato que da contexto al debate es la brecha de tenencia. La Encuesta de Vivienda y Vacantes de 2023, citada por la Oficina del Contralor de la ciudad, indica que 18% de los hogares con jefe de familia hispano eran propietarios, frente a 30% del total de hogares neoyorquinos. La ley apunta a esa asimetría con una herramienta de compra colectiva.
Mamdani aseguró que su administración aceleró la construcción de 1.000 nuevas viviendas en la ciudad, en línea con una agenda de vivienda que también incluyó medidas de alivio para comercios y dueños de casas, como el plan para perdonar multas anunciado semanas atrás.
La norma convive con otras discusiones sobre tenencia y desalojo que se siguen en distintos puntos de Estados Unidos, como la Medida VV en Santa Mónica para proteger a inquilinos de casas y condominios.
Por qué importa
La ley cambia el orden de llegada al mercado inmobiliario neoyorquino: las comunidades organizadas ganan prioridad sobre los inversores. Afecta a propietarios de edificios medianos y a organizaciones barriales que buscan frenar la especulación.
Qué sigue
El HPD debe definir el registro de entidades certificadas y los criterios para evaluar las exenciones por dificultad financiera. Las primeras ventas bajo el nuevo procedimiento marcarán si la norma se aplica sin trabas.
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