Opinión

Moción de censura en Argentina: el caso Adorni y las fallas del artículo 101

Un análisis politológico señala incongruencias en el mecanismo constitucional para remover al jefe de Gabinete y propone reformar los reglamentos parlamentarios.

Redacción••2 min de lectura
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La moción de censura en Argentina

La renuncia de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete en junio pasado dejó al descubierto las incongruencias del mecanismo de moción de censura que la Constitución argentina incorporó en la reforma de 1994. El artículo 101 establece un procedimiento que, según el análisis del politólogo Federico Saettone, funciona de manera inversa al modelo europeo que le dio origen.

En el parlamentarismo europeo, la moción de censura se vota después de una interpelación a un ministro o al primer ministro y, si prospera, el funcionario debe dimitir de inmediato. La presentación queda por cuenta y riesgo de la oposición, casi nunca del oficialismo. Ese diseño convierte al mecanismo en un disuasivo: los líderes políticos prefieren negociar antes que enfrentar un duelo que puede costarles caro.

En Argentina, en cambio, el jefe de Gabinete no tiene la prerrogativa de adelantar las elecciones, el arma que en el parlamentarismo equilibra la disputa. Por eso, sostiene el autor, la moción de censura local es negativa: sirve para destituir, pero no para elegir un reemplazo. La oposición actúa así como un pelotón de fusilamiento antes que como un duelista estratégico.

El artículo 101 también obliga al jefe de Gabinete a presentarse una vez al mes, alternadamente en cada cámara del Congreso, para informar la marcha del gobierno. Los legisladores pueden formularle preguntas sobre el informe, pero en la práctica esas preguntas abarcan los temas más diversos y se multiplican por la cantidad de bloques que componen el parlamento nacional.

Para responderlas, el jefe de Gabinete debe recorrer todos los ministerios y dependencias en busca de información. Eso implica que, en el transcurso del mes, dedica tres semanas a la gestión y la última a un proceso que termina con su asistencia al recinto por largas horas. Esa dinámica explica por qué, desde 1994, casi todos los jefes de Gabinete se mostraron reticentes a cumplir con la obligación mensual de asistir al Congreso.

Saettone plantea la necesidad de reformar los reglamentos parlamentarios para flexibilizar el régimen de asistencia mensual. La propuesta permite que el jefe de Gabinete se presente en determinadas comisiones en lugar de ir al recinto. Según el análisis, esa modificación no solo optimizaría el tiempo de gestión ministerial, sino que también contribuiría a un control parlamentario más eficiente.

El texto firmado por el politólogo, profesor de la UBA y del Conicet, retoma el debate sobre el diseño institucional que la reforma constitucional de 1994 dejó pendiente y que el caso Adorni volvió a poner en el centro de la escena.

Por qué importa

El artículo 101 obliga al jefe de Gabinete a un desgaste mensual que casi ningún titular del cargo cumplió desde 1994. Reformar el reglamento podría cambiar el equilibrio entre gestión y control legislativo.

Qué sigue

El debate queda abierto en el Congreso: cualquier cambio requiere modificar los reglamentos de ambas cámaras, una decisión que depende de la voluntad política de los bloques.

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